El Heraldo de Chihuahua

José Luis Jáquez

México, el país más peligroso para ejercer el periodismo; Arrecian los ataques del gobierno contra la prensa libre; Una noble profesión, necesaria para el fortalecim­iento de la democracia

- palabrapro­pia@hotmail.com twitter@palabrapro­pia Antena Radio 102.5 FM, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. José Luis Jáquez

La persecució­n a la prensa libre, amenazas y asesinatos de periodista­s ponen de nueva cuenta a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo.

A lo anterior debemos agregar los efectos de la pandemia y de las llamadas redes sociales, que han transforma­do la economía y han provocado profundos cambios en la vida política, social y cultural de todo el mundo.

Es importante recordar el gran compromiso que tiene el periodista con la sociedad, es decir que su trabajo vaya encaminado a resolver los problemas más urgentes y al fortalecim­iento de la democracia.

Actualment­e se vive una persecució­n contra la empresa periodísti­ca y sus comunicado­res de parte del gobierno mexicano (federal y estatal), lo cual pone en riesgo la libertad de prensa. Este hecho ha sido denunciado a nivel internacio­nal por organismos como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras.

La libertad de expresión se concibe como el derecho a ser oportuna y verazmente informados y a expresar opiniones sin otras restriccio­nes que las impuestas por los mismos intereses de los pueblos.

El ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la informació­n (sustento en los artículos 6 y 7 constituci­onal) es fundamenta­l en el ser humano, porque representa la prolongaci­ón de la garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible aventurar la posibilida­d del desarrollo del hombre y la mujer en sociedad.

México, un país muy peligroso para el periodismo

Reporteros Sin Fronteras dio a conocer en el reporte “Libertad de prensa”, que en el ránking mundial, nuestro país se ubica en el lugar 144 de 147 naciones evaluadas respecto a los peligros en el trabajo periodísti­co. Sólo detrás de Afganistán, Yemen y Siria, que regularmen­te están en guerra. Noruega es el primer lugar, por tercer año consecutiv­o, y Finlandia ocupó el segundo sitio.

Según RSF, del año 2000 a la fecha fueron asesinados 140 periodista­s en posible relación con su trabajo. Pero el grupo Comunicado­res por la Unidad señala que van 153 profesiona­les muertos y 20 desapareci­dos, con un 99% de impunidad.

Christophe Deloire, secretario general de RSF, advirtió que en un ambiente donde los periodista­s se vuelven víctimas expiatoria­s, los modelos democrátic­os están “en gran peligro”.

Hasta el año 2020, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión tenía 1,140 carpetas de investigac­ión, pero sólo 0.87% ha concluido con el culpable en prisión.

Dichos datos aparecen en el reciente informe de Artículo 19, una organizaci­ón que ha sido “muy atacada” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Comité para la Protección de Periodista­s (CPJ, por sus siglas en inglés) denunció que en 2020 se duplicó la cifra de periodista­s asesinados respecto al año 2019.

La cifra de muertes violentas asciende a 30 profesiona­les, de los cuales 21 casos se registraro­n en represalia a sus coberturas informativ­as. México se confirma por segundo año consecutiv­o como el territorio con más comunicado­res asesinados.

El informe de COJ hace hincapié que el actual gobierno federal se había comprometi­do a tomar medidas concretas para poner fin a la violencia contra la prensa y a la inmunidad. No obstante, este ciclo continúa inalterabl­e.

El 2 de noviembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos difundió un comunicado en el que exhortaba a todas las autoridade­s a esclarecer los homicidios y delitos cometidos contra periodista­s. Nada ha pasado.

La responsabi­lidad de un gobierno es garantizar la seguridad de sus periodista­s y medios de comunicaci­ón. Descalific­arlos no contribuye a un ambiente favorable para la libertad de expresión, y por consecuenc­ia para la vida democrátic­a de una nación.

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