Francisco Javier Pizarro
Me refiero a los diferentes momentos vividos en relación a tres caminos de la contienda electoral en comienzo, los cuales son muy parecidos –metafóricamente-- a los de la Semana Santa (crucifixión, sepultura y resurrección)
Justo el domingo 4 de abril, en que terminó la Semana Santa, arrancó la campaña electoral y registro de las ocho candidaturas de aspirantes a gobernador(a) postuladas por diversas coaliciones y partidos, contienda que, para ellos, es punto medular de las elecciones del 6 de junio.
Según los porcentajes de encuestas prioritarias, cuantitativamente, los candidatos más competitivos de esa lista son Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, PT y Nueva Alianza y María Eugenia Campos Galván candidata de la Coalición PAN – PRD. Al resto los dan por sepultados.
Cualitativamente, sin embargo, ambos aspirantes a la gubernatura del estado están inmersos en agudos conflictos. Loera en lo político y Maru en lo jurídico. Loera de la Rosa enfrenta una significativa inconformidad de militantes de Morena por la incorporación de candidatos a alcaldes y legisladores originarios de partidos adversos, en especial del PAN y del PRI, que en nada le benefician.
Maru Campus, al contrario, cuenta con el apoyo de la mayoría del panismo local y nacional, pero está confrontada con el gobernador Javier Corral, quien la acusa de haber incurrido en delitos de cohecho de la “nómina secreta” durante su gestión como legisladora en el sexenio de César Duarte y, peculado –sobornos a empresarios--, al cierre de su administración municipal de Chihuahua capital, que presidía.
En lo que se refiere a la “nómina secreta” Maru pospuso durante varias semanas las audiencias de imputación del Poder Judicial, aduciendo que no había pruebas fidedignas de la fiscalía; que era víctima de persecución política y violencia de género. No obstante, fue vinculada a proceso judicial hace dos semanas, lo que no perjudica su candidatura, por dos razones: la primera, porque legalmente no le impide “votar y ser votada”; la segunda porque sabe que el proceso judicial que enfrentará se alargará varios meses después de que concluya la elección del 6 de junio.
Se le olvida que el 16 de abril será sometida a otra audiencia de imputación por el delito de peculado, que esa sí puede descarriar su campaña electoral.
El viacrucis político y jurídico de Javier Corral es otro. Va a seguir insistiendo en lo que queda de su mandato en la crucifixión jurídica de Maru Campus, para escarbar lo más hondo posible la fosa de su muerte política y desde luego, evitar que resucite el 6 de julio. Ni Corral ni Maru entienden que las cosas forzadas no valen la pena. Lo que fluye, fluye. Lo que falla, falla.
No todo es éxito. Ambos tienen que reconocer con madurez y valor sus fracasos y errores y decir a sus semejantes y a sí mismos: “Me equivoqué”, “Perdón”.