Víctor Manuel Medina
“El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad” (Aristóteles)
El estado de Chihuahua ocupó el lugar 11 por el delito de feminicidio durante 2019, con una tasa del 1.52% por cada 100 mil mujeres, siendo Juárez el municipio con mayor incidencia, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Estigma para el estado de Chihuahua lo ha sido el tema de las desapariciones y asesinatos de mujeres desde la época en que gobernaba Francisco Barrio Terrazas y perversamente aparecen en estas fechas una sarta de mentiras y notas falsas en muchos de los temas que involucran a la sociedad. Por ejemplo, es falso que en el estado de Chihuahua se haya aprobado una reforma para eliminar el feminicidio, lo que el Congreso del Estado aprobó fue una reforma para para que este delito no prescriba, es decir, que no exista un límite de tiempo para investigar y ejercer acción penal contra quienes cometan este delito.
Hace más de un año que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres dio entrada a la solicitud de alerta de género planteada por la CEDH, porque los feminicidios en Chihuahua son una realidad y a la fecha no ha llegado a la consecuencia de la declaratoria por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) de decretar la “alerta de género” declarando el estado de Chihuahua un peligro para las féminas.
Hay que decir que la alerta de violencia de genero contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los Derechos Humanos de las mujeres que no existe en otro lugar del mundo como en nuestro país, y que se basa en una serie de acciones preventivas de seguridad y de justicia para atender la violencia contra las mujeres.
Existe una incapacidad institucional para prevenir, investigar y castigar este tipo de delitos. Hay un miedo terrible a admitir la alerta de género a pesar de que detrás de la alerta están etiquetados recursos económicos, pero esto no es suficiente para llamar la atención ante la crisis derivada de la pandemia, en un estado donde el gobernador ha abonado a la quiebra y al endeudamiento.
Desde agosto del año pasado se reunió el grupo de trabajo. Prometieron resultados, se comprometieron y felicitaron por sus acciones que colocaron a nuestro estado por encima de muchas entidades en la materia de combate a la violencia de género. La mala noticia es que, a un año de esta primera reunión, los crímenes continúan sin detenerse. El grupo de especialistas designado: ocho mujeres, cuatro académicas y cuatro funcionarias públicas, no han entregado el dictamen definitivo para decretar la alerta de género a pesar de que urge ese documento, porque en Chihuahua se vive un resurgimiento del crimen de odio contra la mujer.