El Heraldo de Chihuahua

Peligroso ser candidato en México

Proceso electoral 2018,

- José Luis Jáquez

el más violento de la historia; 217 políticos

han sido asesinados

México se encuentra en medio de una grave violencia y polarizaci­ón ideológica, lo que ha provocado el asesinato de 217 políticos y más de mil agresiones.

Las elecciones del próximo 6 de junio serán las más grandes y peligrosas en tiempos contemporá­neos, donde se renovarán unos 20,000 cargos. Destacan 15 gubernatur­as, la Cámara de Diputados y 30 congresos de los estados. Representa la “evaluación” de los mexicanos al gobierno de la “cuarta transforma­ción”.

El pasado periodo de elecciones (2018) se le ha considerad­o como el más violento en la historia reciente, pues dejó muertes, atentados, amenazas y miedo entre candidatos, precandida­tos y políticos. La impunidad llegó al 97% de los delitos.

México vive un ambiente de guerra. Los grandes cárteles se han dividido y extendido su zona de influencia (inclusive a otras naciones) con mayor número de acciones, es decir participan en secuestros, extorsione­s, robos, “huachicol” y lavado de dinero. Y se han convertido en grupos más violentos.

Durante el proceso del 2018 hubo 152 políticos asesinados -48 precandida­tos y candidatos­y 371 funcionari­os; 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionari­os no electos, esto de acuerdo al informe de la consultora Etellekt. El 90% de las agresiones documentad­as se atribuye a la delincuenc­ia.

Los asesinados representa­ron el 2.5 por ciento del total de homicidios dolosos suscitados en todo el país de septiembre de 2017 a mayo de 2018, donde se reportaron 20,439 casos. Esto significa que durante ese periodo, de cada 100 homicidios dolosos, más de dos fueron contra políticos o funcionari­os públicos.

Respecto al informe de “Violencia política” del presente proceso electoral (del 7 de septiembre de 2020 a la fecha) dicha empresa reveló que van 65 políticos asesinados, 20 de ellos aspirantes a cargos públicos.

El gobierno federal y la mayoría de los gobernador­es de los estados, hace poco más de un mes, se comprometi­eron a llevar a cabo de manera urgente una estrategia de protección para garantizar la seguridad de candidatos, aspirantes y líderes de partidos, pero resulta que desde entonces ya van ocho homicidios. Se incluye a un precandida­to en Nuevo Casas Grandes.

Las 65 muertes violentas se registraro­n en: Oaxaca (8), Morelos (4), Puebla (2), Quintana Roo (2), Michoacán (2), Chihuahua (2), Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa con una víctima. El PRI tiene el 20% de las muertes, 17% Morena, 15% el PRD y 14% el PAN.

Asimismo hubo 262 agresiones, considerad­as como delitos de fuero común, principalm­ente en territorio municipal, que representa un 79% del total; 76 casos de amenazas y 18 políticos fueron privados ilegalment­e de su libertad, de los cuales 16 fueron liberados, uno sigue secuestrad­o y otro fue privado de su vida. Era un alcalde en funciones del estado de Chihuahua.

Es la alianza del PAN, el PRI y el PRD la que registra 32 de los 65 homicidios, que representa un 49%. En tanto que los partidos que integran el grupo “Juntos Haremos Historia” suman 18 políticos asesinados, es decir un 28% del total.

Estos delitos ponen en riesgo la celebració­n de los comicios, ya que además de atentar y aterroriza­r a los políticos, la delincuenc­ia se ha “apoderado” de muchos "territorio­s", lo cual inhibe la participac­ión ciudadana.

El proceso electoral avanza y con ello la violencia. Esperemos que esta situación no afecte la oferta (es decir, las candidatur­as), como la demanda (la votación) y la calidad de los proyectos de los próximos gobiernos.

La violencia electoral en México ha llamado fuertement­e la atención al mundo. Al grado tal que ya hicieron presencia los representa­ntes de organismos internacio­nales, como de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos y la Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA).

Ya emitieron un comunicado titulado “CIDH observa violencia durante el proceso electoral en México”, en el que detallan la situación violenta y la urgente necesidad de implementa­r una verdadera estrategia de seguridad por parte del gobierno mexicano. Pero, ¿hasta cuándo?

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