Brenda Ríos
Chihuahua sufre desde hace años los efectos de una sequía prolongada cuya devastación alcanzó niveles extraordinarios en 2020. Sin embargo, todo indica que no hemos visto lo peor.
En un par de meses, para el ciclo que se aproxima, los agricultores creen que la intensidad del desabasto de agua será mayor. Como candidata he sostenido encuentros con muchos de ellos. Veo desesperación y coraje. Las sensaciones que los embargan no son gratuitas, sino por el contrario, tienen sustento de sobra. El calentamiento global nos afecta a todos, no sólo a los trabajadores del campo. En ello radica la lucha que hemos emprendido los ambientalistas desde hace tiempo.
En la medida que aumente la conciencia social sobre los estragos que provoca en nuestras vidas, podrá avanzarse en agendas concretas que disminuyan los daños del cambio climático.
Pero, más allá de lo natural, nuestro estado padece las consecuencias de una sucesión de gobiernos corruptos, que mienten para beneficiar a unos cuantos y buscan lucro político.
Lo sucedido el año pasado es ejemplo de ello. Entre la postura de un gobierno federal que insiste en culpar al pasado y un gobierno estatal turbio y torpe, se atrapa la verdad.
Los agricultores no están negados a que se cumpla la entrega de agua conforme al tratado binacional, pero exigen datos precisos, transparencia y fin a las ilegalidades.
Los niveles de las presas que tenemos se hallan en sus niveles más bajos en años. Las Vírgenes apenas alcanza 18% de su capacidad. Es sólo un ejemplo del estado de las aguas superficiales. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la permisibilidad para abrir pozos se dio de forma indiscriminada y criminal, lo mismo que los permisos para electrificarlos.
Esa brutal sustracción se empata con la que ocurre “clandestinamente” en presas y afluentes. Las denuncias sobre ambos hechos están allí, lo mismo que el vacío y disimulo institucional.
¿Tenemos respuesta positiva del gobierno central después de 2020? No. Lo que viene es una contracción presupuestaria: apenas 20 millones de pesos para conservar una infraestructura de por sí miserable.
Lo que ocurre aguas abajo tiene origen en lo profundo de la Sierra Tarahumara. La tala ilegal, la ausencia de programas de forestación y el abandono de las comunidades, tarde o temprano cobrarán factura.
Como ambientalista y nativa de la sierra, como productora agrícola y experiencia como delegada de la Semarnat, me queda clara la urgencia de intervenir con honestidad y determinación.
Se necesita, ya lo dije, transparencia y dominio sobre la materia. Es necesario convocar a los más renombrados especialistas y dejar fuera la mezquindad partidista.
Chihuahua no puede esperar ni merece vivir atrapada por duelos ideológicos ni intereses de unos cuantos. Este es un asunto que debe abordarse firme y de frente. A eso me comprometo.