Panaut vulnera al Estado de Derecho
HÉCTOR SEBASTIÁN ARCOS ROBLEDO
El pasado 23 de abril fue publicado por el Ejecutivo el decreto por el cual se ordena la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), una nueva responsabilidad delegada al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo del Estado, no del gobierno, bajo la expectativa de registrar mayor información sobre toda la población usuaria de teléfonos móviles en México.
Su propósito, argumentaron sus promotores - integrantes de la bancada de Morena quien tiene la mayoría en el Senado - es que las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia tengan mejores insumos en asuntos relacionados con la comisión de delitos, tales como la extorsión y el secuestro, cuya cifra negra, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Inegi, se estima en 97.1 por ciento y 93.9 por ciento, respectivamente. Su objetivo parece encomiable, pero las vulnerabilidades, costos y consecuencias no deseadas asociadas a su implementación rompen con toda su intencionalidad de origen, ¿qué incentivos podría tener la delincuencia organizada para registrarse en un padrón cuando puede apelar a prestanombres para contratar líneas móviles?
Entre los datos que el padrón habrá de recopilar de los 126 millones de usuarios en México, independientemente de la forma de contratación, ya sea prepago (82.2 por ciento o 103,5 millones de usuarios) o pospago (17.8 por ciento o 22,5 millones de usuarios), destaca el nombre, el domicilio, la identificación oficial, el número teléfono, la nacionalidad, pero, particularmente, los datos biométricos (huella dactilar, iris de los ojos, tono de voz, facciones del rostro) de cada persona usuaria, datos que la ciudadanía ya proporciona a ciegas, por ejemplo, al SAT, en parte al INE y a los bancos en el sector privado.
Para recopilarlos, el IFT deberá crear un padrón que se estima tendrá un costo inicial de operación de 1,000 millones de pesos, lo equivalente al 67.5 por ciento de su presupuesto actual. Si sus promotores - tanto en el Senado como en el Ejecutivo - saben de esta realidad, ¿por qué impulsar leyes sin una idea programática del presupuesto involucrado?, ¿se pretenderá desgastar al IFT mediante su incapacidad para cumplir con el padrón y eventualmente justificar ante la opinión pública su eliminación? Las vulnerabilidades al Estado democrático de derecho son evidentes. En primer lugar, porque el gobierno actual promulga y respalda instrumentos dirigidos a socavar los derechos, las libertades y las garantías de un régimen democrático, al condicionar la entrega de datos personales y biométricos al derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones, internet, banda ancha y dispositivos móviles.
A su vez, dado que aquellas garantías institucionales son interdependientes, derechos tales como el acceso a la información, la libertad de prensa, la libertad de expresión, el acceso a la salud, la educación, la cultura, el ejercicio de la profesión, la presunción de inocencia, también resultan socavados. Si hoy en día, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del Inegi estima que 7 de cada 10 personas residentes de zonas urbanas tienen acceso a internet, mientras que en las zonas rurales sólo 4 de cada 10, ¿por qué Morena impulsa la promulgación de leyes orientadas a la marginación digital de las personas, en lugar de su incorporación?
Por otro lado y, más peligrosamente, son las implicaciones que el Panaut tiene al no establecer redes de responsabilidad y rendición de cuentas que involucren a todos los funcionarios públicos y agentes privados, incluidos los más altos funcionarios del gobierno, a controles apropiados sobre el uso del padrón, donde la ley establezca claramente la legalidad de sus actos u omisiones, no solamente como sanciones dirigidas a los comisionados del IFT en caso de incumplir con la emisión de los lineamientos generales del Panaut. Bajo este contexto, el Panaut bien puede convertirse en nueva arma política contra opositores, ciudadanos y funcionarios independientes al gobierno en turno.