José Luis Jáquez
Se fomenta la “guerra” de pobres vs. ricos, no hay lealtad partidista, no hay respeto al acuerdo electoral; peligran los órganos autónomos en México
Apocos días de la elección más importante de la época moderna en México, se viven momentos de polarización social, que surge desde la cúpula del poder gubernamental y que en nada contribuye al fortalecimiento de la democracia.
Aprovechando este clima hostil, el Ejecutivo federal tiene entre sus planes enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma en el Instituto Nacional Electoral, con el argumento de ahorrar millones de pesos, pero la idea principal es “maniatar” al órgano autónomo. Hoy en día, el INE no está en su esfera de control.
Es justificable una reforma administrativa y un verdadero plan de austeridad, pero sin arriesgar la funcionalidad del organismo.
En la historia (desde 1963) se han realizado varias reformas electorales, prácticamente una por sexenio. Esto en gran parte, a la exigencia ciudadana, sobre todo en materia de transparencia y validez del sufragio.
El hecho de ampliar las libertades, los derechos de las minorías y la creación de órganos autónomos fue posible quitar el control al régimen gubernamental en los procesos electorales. Es el poder de los contrapesos.
En el campo de la democracia, recientemente los partidos políticos han tenido una verdadera competencia, al grado tal que en el año 2000, por primera vez en la historia, el PRI pierde la Presidencia de la República. Ganó el PAN, un partido de derecha. Y en el año 2018, fue el triunfo de Morena, un partido de izquierda.
A raíz de la cancelación del registro a candidatos de izquierda que no cumplieron con los requisitos de fiscalización en Guerrero y Michoacán, se impulsa con mayor fuerza una “reforma administrativa” en los órganos autónomos. Esto provocó un ambiente social más tenso.
Para el mandatario, tanto el INE como el Tribunal Electoral: “No tienen como misión garantizar la democracia, sino impedir que haya”.
Se cuestiona a los opositores al sistema, como empresarios, líderes políticos y medios de comunicación. Se fomenta la “guerra” de pobres contra ricos. Y no importa violar las leyes en materia electoral.
El pasado 23 de marzo, el presidente, los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de la CDMX suscribieron el “Acuerdo por la democracia”, en el que se comprometieron a no intervenir a favor o en contra de algún candidato o partido en las elecciones del próximo 6 de junio, cuando se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 1,926 presidencias municipales. No hay respeto al convenio.
Es importante resaltar que en la polarización social también influye la falta de credibilidad en los partidos políticos por lanzar malos candidatos, las promesas incumplidas y la llamada “prostitución ideológica”. Se han alejado de la lealtad partidista.
Sobre la lealtad, el escritor Gian Enrico Rusconi dice: “Para que una democracia funcione necesita lealtad política y solidaridad cívica. En el corazón y en la cabeza de los ciudadanos comunes (de la gente), estas virtudes no descienden de manera abstracta de principios universales, sino que se adquieren en el curso de una vivencia histórica y dentro de una comunidad a la que pertenecemos y en la cual se nos reconoce”.
En este nuevo siglo existen democracias avanzadas que influyen a través del mensaje global con impresionantes cambios en lo político, económico, social y cultural, pero hay sistemas políticos, principalmente en América Latina, donde se enfrenta un creciente descrédito.
Son muchas las causas de la crisis, pero fundamentalmente tres: la corrupción; los escasos resultados económicos y el atentado contra las instituciones.
Las órganos autónomos son importantes para los actores como para los regímenes en los que funcionan, en virtud de que promueven la confianza y fe; para el crecimiento individual y la socialización dentro de las normas de una comunidad; para la preservación y transmisión de la cultura. Para fomentar y conservar la libertad.