Javier Oliva Posada
Así se llama un muy interesante libro, de la autoría de Yves Déloye y Olivier Ihl, publicado por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po, 2008), en donde el aparentemente, sencillo acto de ir a la urna a sufragar, es en realidad, la base fundamental de la legitimidad de las y los gobernantes. Afirman los autores: el espacio del voto, es expresión de civilidad (pag. 351).
La parte complementaria a esa afirmación, es el indispensable apego a la legalidad en la conducción de los asuntos públicos. Así la diada legitimidad-legalidad es inseparable tanto en la teoría como en la práctica. Los desafíos que enfrentamos en estas elecciones, van en ese sentido: por una parte, garantizar, que no obstante la pandemia, la violencia criminal en algunas partes del país, el endémico abstencionismo, más la polarización y exacerbación del ambiente electoral, acuda al menos, la mitad de las y los potenciales electores, para darle la base sólida de la representación mayoritaria y por lo tanto la legitimidad.
Por la otra, mediante el apego a las leyes y reglamentos electorales, más aún en la jornada de los comicios y los días posteriores, por parte de los partidos políticos, sus candidatas y candidatos, sobre todo de sus simpatizantes, así como de las dirigencias nacionales y locales, implica respetar la voluntad de la ciudadanía, expresada con toda libertad, en las mejores condiciones de tranquilidad. Así se le aporta la parte legal a las elecciones del día de hoy.
Legitimidad y legalidad, implican sin duda, las bases más consistentes que puede tener cualquier proceso democrático. En nuestro caso, el día de hoy, comicios históricos por el número de cargos puestos a consideración de la ciudadanía, así como por el número de integrantes del padrón con derecho a votar, es que no debemos, gobiernos locales, partidos políticos, medios de comunicación, autoridades electorales y la Presidencia de la República, dejar pasar la oportunidad para seguir afianzando nuestra democracia.
Los responsables de las instituciones de la República y actores políticos, deben estar comprometidos con que la cauda de sufragios, cualquiera que sea su orientación, lleguen al su destino: seleccionar a las y los representantes. Y los derrotados, aceptar la decisión del electorado. Las impugnaciones, con razón o no, debilitan al proceso en su conjunto. Le restan legitimidad y condicionan la legalidad. Vamos a votar.