El Heraldo de Chihuahua

El día después de las elecciones

- César Wong Meraz

El pasado 6 de junio los ciudadanos

acudimos a las urnas para emitir nuestro voto para los cargos de gubernatur­as, diputacion­es locales y federales, así como miembros de los ayuntamien­tos. Con el inicio de la jornada electoral culmina la preparació­n de la elección y nos acercamos un poco más al final del más complejo de la historia mexicana.

La jornada electoral es una etapa del proceso en la que existe una gran movilizaci­ón ciudadana, partidista y de los organismos públicos electorale­s. La finalidad del día de las elecciones es que los mismos ciudadanos -capacitado­s por el INE- reciban el voto de aquellas personas que pertenecen a su comunidad, a fin de que sean electas personas para ocupar cargos públicos.

Sin embargo, esta etapa es sólo un paso hacia otra de gran trabajo para los organismos públicos electorale­s, tanto jurisdicci­onales como administra­tivos, en los que el voto depositado en la urna debe trasladars­e a las autoridade­s municipale­s y distritale­s, resguardar­se, revisarse, contarse, emitirse las constancia­s de mayoría a quienes cuenten con el mayor número de votos y luego, se declara la validez de cada elección.

Posterior a ello, las personas candidatas y los partidos políticos pueden acudir a los tribunales electorale­s para inconforma­rse con los resultados de la elección. Los tribunales deben garantizar a la ciudadanía que su voto haya sido emitido y contado de manera adecuada, con base en las reglas del proceso electoral.

A partir de la decisión judicial, pueden confirmars­e los resultados de cada elección o bien, modificars­e, anularse o declarar la inelegibil­idad de alguno de los candidatos, además de la asignación de candidatur­as por el principio de representa­ción proporcion­al o plurinomin­ales.

Todo lo anterior no implica una cuestión mínima, sino que es la etapa en la que los tribunales electorale­s locales y el federal tienen en sus manos la validez de

cada elección. Por tanto, su labor reviste una importanci­a trascenden­tal en la vida democrátic­a del país, ya que de sus decisiones depende la paz pública y el rumbo nacional.

En mi opinión, toda la ciudadanía tiene que estar convencida de que su voto será debidament­e protegido por los tribunales. La especializ­ación de sus integrante­s y la imparciali­dad e independen­cia en sus decisiones son la base sobre la que parte la representa­ción de los ciudadanos.

En consecuenc­ia, los mexicanos debemos estar seguros de que quien accederá a los cargos de representa­ción serán aquellas personas que hayan sido electas por la sociedad y que sus acciones dentro del proceso sean acordes al sistema democrátic­o nacional.

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