Zaldívar somete a consulta su mandato
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entregó su solicitud de “consulta extraordinaria” al Pleno de ministros para que se pronuncien a la brevedad sobre si es o no constitucional el artículo décimo tercero transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual prorroga por dos años su periodo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
Tal como lo anunció el martes de la semana anterior, Arturo Zaldívar publicó ayer en su cuenta de Twitter el escrito dirigido a sus diez compañeros del máximo tribunal para que, en su calidad de “guardianes de la autonomía” y como máximos intérpretes de la Constitución, fijen una postura a la brevedad posible en torno a cinco preguntas.
El primer planteamiento es qué determinación debe adoptar el Pleno de la SCJN ante la posible inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma al Poder Judicial.
La segunda cuestión es si el Pleno puede “pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación o de alguno de sus órganos, fuera de un medio de control constitucional promovido por parte legitimada”.
En tercer lugar, Zaldívar pidió a sus compañeros pronunciarse sobre qué mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma general. “¿Basta la mayoría simple o se requiere una mayoría calificada de ocho votos?”, cuestiona.
La cuarta pregunta es si el contenido del artículo décimo tercero transitorio, bautizado como Ley Zaldívar, es acorde con los artículos 97 y 100 de la Carta Magna.
Finalmente, y de considerarse la norma inconstitucional, cuál sería el efecto de esta resolución en relación con la norma general de análisis, así como respecto de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.
El ministro presidente reconoció que el polémico artículo de la reforma que amplía su mandato ha provocado una situación de incertidumbre que daña la legitimidad del Poder Judicial Federal.