Criminales, con más beneficios que las víctimas
Del total de las detenciones, la mayoría recibe perdón, suspensión condicional del proceso o algún otro beneficio antes de una sentencia
de la zona centro, Carlos Mario Jiménez, el Código Penal del estado es el hoyo negro en la impartición de justicia, pues brinda oportunidades a los delincuentes para resultar impunes
Apesar de que la Fiscalía General del Estado pone a disposición a más de 25 mil personas al año por cometer diversos delitos y que de éstos sólo mil 900 alcanzan una sentencia condenatoria, el fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, considera que este comportamiento obedece a una serie de errores tanto en el Código Penal del Estado de Chihuahua como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en muchas de las ocasiones benefician más a los presuntos responsables que a las propias víctimas.
Compartió que el primero de los filtros que se encuentran a la hora de realizar una detención es acreditar la legalidad, donde los jueces por carga de trabajo, condición de humor, corrupción o cualquier arista, puede considerar que la detención no fue legal y el presunto responsable, aunque traiga armas de fuego, drogas, una investigación por homicidio, queda en libertad y nadie puede controvertir esa decisión.
Otra de las limitantes que ha detectado a lo largo de su carrera como abogado y como fiscal es el “perdón”, donde las personas pueden llegar a conceder este beneficio si llegan a un acuerdo con los presuntos responsables, que aplica en algunos delitos como robo, fraudes y otros más donde se permite el perdón.
“Con el perdón quedan muchos de los detenidos por robos y fraudes en libertad y aquí no importa el trabajo que hagan los agentes investigadores, ellos pueden armar el caso normal en uno o dos años y al dar con el responsable, pueden llegar a este acuerdo reparatorio y le entregan el perdón, él queda libre, sin antecedentes y es por eso que en muchas de las ocasiones vuelven a delinquir”, detalló.
La mayoría de las detenciones que se realizan en el estado son por delitos como robo en diferentes modalidades, drogas, violencia familiar, abuso de confianza, entre otros, que admite la suspensión condicional del proceso, así como una salida alterna, por lo que en muchas de las ocasiones no se puede llegar a una sentencia.
“La puerta giratoria nos pega fuerte, cómo es posible que estamos en rama derecho penal, que puedas activar al estado para investigar un fraude de 10 mdp, trabajamos desde el lado financiero, tardamos un año dos años, trabajo investigación, telefónica, dentro y fuera del país, sacamos orden de aprehensión, sacamos dinero para traslados, lo traemos, y luego se arreglan con el perdón, porque a la víctima les interesa recuperar su dinero, pero no les importa que vuelvan a delinquir”, comentó el fiscal Carlos Mario Jiménez.
Dijo que parte de este sistema es que se han detectado decenas de defraudadores reincidentes, porque cometen los hechos, obtienen el perdón, no quedan sin antecedentes, por lo cual exhortó a limitar el perdón, porque se queda la facultad al 100% al particular y no se revisa los alcances que podría generar esta liberación.
Comentó que es necesario sentarse a analizar el Código Penal, porque considera que el código procesal abrió la puerta giratoria, cuando la entonces Procuraduría General de la República analizó la elaboración del Código Nacional, pero no participaron los estados y claramente cada entidad mantiene marcado cada uno de sus delitos.
“La FGR ve delitos de armas, drogas, piratería, ambientales y fiscales, hidrocarburo, pero no tiene víctimas particulares, los testigos son los mismos oficiales, las víctimas son la sociedad, cómo van a saber cómo afecta el perdón, en un robo, fraude, no lo ven, no habían manejado el sistema, estaban en el tradicional”, añadió.
Jiménez dijo que los estados tuvieron que haber sido incluidos porque actualmente sales con suspensión condicional del proceso, pero hay casos donde sale una persona en tres ocasiones, y cuando sale mata a una persona, vuelve a salir y vuelve a incurrir, pero nadie supervisa las condiciones de la suspensión condicional, que es lo que genera la impunidad en el país.
El primero de los filtros tras una detención es acreditar la legalidad, donde los jueces por carga de trabajo, humor o corrupción pueden considerar que la detención no fue legal. “Aquí no importa el trabajo que hagan agentes investigadores”