Medicinas, antes que consulta de 500 mdp
Si expresidentes cometieron algún delito se debe de proceder sin necesidad de plebiscito, coinciden políticos y juristas
El 1 de agosto se llevará a cabo la polémica consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes, misma que fue promovida por el presidente López Obrador, la cual ha generado varias posturas en contra por parte de políticos y expertos en Derecho, quienes coinciden en que no hace falta una consulta para investigar y sancionar actos de corrupción.
Los abogados Heliodoro Araiza y Alejandro Domínguez señalaron que no se necesita de la autorización de la ciudadanía para llevar ante la justicia a cualquier persona y, además, el despilfarro de más de 500 millones de pesos en un acto sin razón representa un agravio y un acto de corrupción.
Por su parte, el senador del PAN Gustavo Madero calificó ese ejercicio democrático directo como una actividad muy lamentable, pues aseguró que la propia pregunta que será planteada no tiene sustancia y carece de fundamento legal; coincidió con otros actores político en que esa consulta se trata de un distractor que genera desgaste en la sociedad, al tiempo que señaló que con ese recurso se podría comprar medicamento para los niños con cáncer.
GUSTAVO MADERO
“Cualquiera que sea el resultado (de la consulta) no va a pasar absolutamente nada”
Será el 1 de agosto cuando se realice la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República, la cual ha sido promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre el tema varios actores políticos y expertos han calificado el hecho como un simple distractor, pues la justicia no debe someterse a consulta; asimismo coinciden en que los cerca de 500 millones de pesos que costará este ejercicio debería ser invertido en medicamentos para el cáncer.
La consulta, con la que se busca someter ante la justicia los actos de los expresidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, será realizada el 1 de agosto y la pregunta que será planteada a quienes deseen participar en ese ejercicio que será regulado por el Instituto Nacional Electoral, la cual será la siguiente:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Sólo habrá dos posibles respuestas: Sí o No.
En este sentido, el senador de la República Gustavo Madero manifestó que no es posible que se busque realizar una consulta para ver si se aplica o no la ley, a la vez destacó que sea cual sea el escenario, es decir, si la gente vota por el sí o por el no, o simplemente no acude a votar, no pasará absolutamente nada.
“Es una tristeza que se utilice un mecanismo muy noble de democracia directa, como lo es una consulta popular, para desvirtuar; primero el presidente López Obrador proponiendo una pregunta que no procede porque la justicia no se consulta y, segundo, la Suprema Corte de Justicia redactó una pregunta anodina e inocua, en la que cualquiera que sea el resultado no va a pasar absolutamente nada”, señaló el senador panista.
Lamentó que con estos actos sólo se esté gastando el dinero sin un beneficio real, se desgasta a la gente y se desaprovecha la oportunidad para utilizar ese mecanismo democrático para realmente cambiar la realidad del país; subrayó que se van a tirar 500 millones de pesos que pueden usar para comprar medicina.
Por su parte, el abogado penalista Alejandro Domínguez reiteró que el mandatario federal lo que busca con esta consulta es desviar la atención de otros temas, y subrayó que ese dinero debe canalizarse a los niños con cáncer que hoy sufren por la falta de sus tratamientos.
El también dirigente estatal del PRI reiteró que el alto costo que representa la ejecución del ejercicio de dicha consulta, que superará los 500 millones de pesos, es un agravio para todos los mexicanos.
“Tenemos una seria crisis económica y presupuestal en casi todas las áreas de la salud, lo más sentido lo vemos en la falta de abasto de medicamentos para quimioterapias de pacientes con cáncer, aun así se da luz verde a una consulta sin pies ni cabeza; si se tiene que someter a juicio a cualquier persona, incluso el presidente de la República, no se necesita autorización social”, enfatizó Domínguez.
ES UN PROCESO CIUDADANO
Sobre este mismo tema, el profesor Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, aseguró que dicha consulta es una actividad meramente ciudadana, en donde los partidos políticos no tienen ninguna injerencia, motivo por el cual los actores políticos sólo deben limitarse a informar a la ciudadana que la consulta se realizará y que será regulada por el INE.
Manifestó que lo que sería lo ideal es que la ciudadanía entienda la importancia de lo que representa un ejercicio de democracia participativa, para que el 1 de agosto salgan a votar y expresar su sentir, sea cual sea.
Hizo énfasis en que la voz del pueblo será la que tenga la razón y que en caso de que la ciudadanía salga a votar y gané el “no” a la pregunta planteada, se deberá hacer caso al deseo popular, aunque subrayó que espera que los mexicanos digan que sí desean un proceso de esclarecimiento de las acciones de los expresidentes, pero una decisión democrática debe de ser respetada.
ACTIVIDAD INNECESARIA: ARAIZA Al respecto, el abogado penalista y constitucionalista Heliodoro Araiza Reyes manifestó que realizar ese tipo de ejercicios resulta completamente innecesario debido a que de existir algún elemento de convicción que acredite algún delito que no esté prescrito, se debe de proceder sin necesidad de una consulta.
“No es correcto que se le pregunte a la gente si se procede o no se procede en contra de nadie, porque la justicia no es un tema de elección popular; no dejaría nada bueno una consulta popular para juzgar a los expresidentes”, señaló el jurista.
En este sentido, destacó que el solo hecho de simplemente preguntarle a la gente, la balanza legal se inclinará de una u otra forma para determinar un veredicto, pues en el escenario siempre hipotético en que la ciudadanía se defina por un “sí”, un juez tendrá una presión social incluso y cuando no existan las pruebas contundentes; del otro lado, el mismo efecto resultaría en caso de que la gente votara por un “no”, pues aunque existieran pruebas ya no se podría aplicar la justicia.
Calificó puntualmente como una antinomia el hecho de que el gobierno federal se vaya a gastar cerca de 500 millones de pesos para preguntar si se debe juzgar a ex servidores públicos, lo que podría prestarse a otro acto de corrupción, pues utilizar dinero del erario público para algo que no tiene razón de ser, también cuenta como un acto de ese tipo.
GUSTAVO MADERO
SENADOR DE LA REPÚBLICA
Es una tristeza que se utilice un mecanismo muy noble de democracia directa, como lo es una consulta popular, del pueblo (...) para desvirtuar”.