José Martínez Frausto
actúe ya”.
delegada federal en Chihuahua,
Como es del conocimiento público, en el mes de agosto existía el problema de la extracción del agua de las presas El Granero y La Boquilla, ordenada por el presidente López Obrador y ejecutada por la Comisión Nacional del Agua, según se dijo para cumplir con el Tratado de Aguas existente entre los Estados Unidos de América y México. Sin embargo, esto detonó la protesta de agricultores de esa región del estado.
Así, esas protestas se hicieron públicas al grado de que los productores del campo tomaron materialmente la presa La Boquilla, pues el agua que almacena se destina a la siembra de diversos cultivos, lo que constituye su fuente de ingresos. Ante esto, el presidente de la república ordenó la intervención de la Guardia Nacional para acallar los reclamos de los protestantes.
Y sucedió lo inevitable. El día 8 de septiembre pasado, después de un violento enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional con los productores del campo, los primeros dispararon en contra de un vehículo en el que viajaban Jessica Silva y su esposo Jaime Torres, privando de la vida a la primera y lesionando gravemente al segundo, en tanto que otros miembros de dicha Guardia Nacional detuvieron a Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, agricultores del municipio de La Cruz y participantes de las protestas en contra de gobierno federal por la extracción del agua de las presas, con el grave daño a las actividades agrícolas de esa región. El motivo de la detención fue porque les encontraron unas latas que contenían o contuvieron gas lacrimógeno, poniéndolos a disposición del Ministerio Público federal, y éste a su vez a disposición de un juez federal, el cual les decretó prisión preventiva
El motivo de la detención fue porque les encontraron unas latas que contenían o contuvieron gas lacrimógeno, poniéndolos a disposición del Ministerio Público federal
y los vinculó a proceso por la probable comisión del delito de acopio de armas, es decir por la posesión de más de cinco “granadas” de gas lacrimógeno. Ya llevan nueve meses detenidos.
Independientemente de si el juez tuvo o no razón al imponerles la prisión preventiva, no están dichos agricultores en el supuesto de portación o posesión de armas letales, como pistolas o fusiles, con las que pudiesen privar de la vida o lesionar a las personas. Se trata de artefactos cuya posesión no debiera estar sancionada por la ley tan severamente.
Esto constituye una grave injusticia. Los detenidos son personas de baja condición económica, dedicados a las labores del campo y que son el sostén de sus familias, quienes lucharon por defender el agua que por orden del gobierno federal se extrajo de las presas, mermando la posibilidad de riego en las siembras que regularmente realizan.
Urge que la delegada del gobierno federal, Bertha Alcalde Luján, solicite al presidente López Obrador que éste ordene al fiscal general de la república se desista de la acción penal ejercida en contra de esos agricultores, para que puedan recobrar su libertad, con lo que se demostraría que es un gobierno sensible a la lucha legítima de los mismos. De no hacerlo así, se reafirmará lo que ya se percibe: que tenemos un gobierno intolerante, autoritario y represor.
(*) Abogado penalista. 1 de julio de 2021