Laura Patricia Contreras
La solicitud a la consulta popular
con la pregunta propuesta por el presidente que pretende realizar un juicio público contra los ex presidentes del país y que después fue modificada por la Suprema Corte para posteriormente ser aprobada por los diputados y senadores de Morena desgasta, desvirtúa, confunde y vicia los objetivos de una real democracia participativa.
El pasado 15 de julio el INE inició la campaña de difusión sobre la consulta popular del 1 de agosto, sin embargo, ésta carece de elementos básicos que garanticen el respeto a los derechos humanos y que violan el marco jurídico: la presunción de inocencia, la obligación del INE de promover una discusión informada y reflexiva, y la suspensión de la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental (Mañanera del 22 de julio de 2021).
La pregunta que será sometida a consulta popular es ambigua, tendenciosa y confusa: ¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?
Ante este planteamiento surgen dudas e interrogantes que impiden emitir una opinión informada y reflexiva tal y como lo establece la Ley Federal de Consulta Popular. ¿Qué acciones se llevarán a cabo para garantizar la justicia?, ¿cuáles son las decisiones políticas tomadas en el pasado?, ¿quiénes son los actores políticos que serán objeto de dichas acciones en caso de ser vinculante la decisión de la consulta popular?, ¿quiénes son las “posibles víctimas” a las que se refiere?, ¿qué evidencias, expedientes o elementos oficiales tenemos para tomar una decisión informada y objetiva?
Esta consulta popular disfrazada de democracia participativa que nos cuesta a todos es un gasto inútil de 522 millones de pesos, mismos que son el equivalente a comprar medicamentos, vacunas, infraestructura hospitalaria, etc.
La ley se aplica, no se somete a consulta pública. No se debe confundir la libertad
La ley se aplica, no se somete a consulta pública.
de expresión con la aplicación de la ley y la justicia. Lo anterior pone en evidencia una vez más la falta de capacidad del presidente para tomar decisiones. Es una manera cómoda de lavarse las manos y deslindarse de sus responsabilidades de manera reiterada.
Es obligación de la Fiscalía General de la República iniciar una investigación sobre los expresidentes en cualquier momento, si tiene pruebas contra ellos, respetando las garantías individuales y el debido proceso. No requiere una consulta populista.
Los mexicanos estamos cansados de vivir del pasado. Necesitamos resultados y respuestas respecto a las 46 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto al daño patrimonial por más de 466 mdp y la opacidad del ejercicio de gobierno y a los múltiples señalamientos de corrupción del actual gobierno como en la Conade, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Energía, la falta de medicamentos, las adjudicaciones directas, las “aportaciones voluntarias”, entre otras.
Una verdadera democracia participativa implica que la ciudadanía seamos parte de las decisiones de gobierno respecto al ejercicio del presupuesto, a la creación y modificación de leyes y reglamentos, la inclusión de Consejos Consultivos Ciudadanos, la aplicación efectiva de un parlamento abierto y la transparencia en el ejercicio de gobierno, por ejemplo.