Aída María Holguín
El próximo domingo se realizará la primera consulta popular impulsada por el presidente López Obrador que, hasta cierto punto, sí se apega al marco legal.
Digo “hasta cierto punto” porque, sin duda alguna, es una consulta sinsentido dado que, aprovechándose de un mecanismo legal y democrático que permite a los ciudadanos participar directamente en una decisión política, el presidente López Obrador pretende -una vez más- evadir su deber de cumplir la Constitución y las leyes (todas, no sólo las que le convienen) que de ella emanan.
Sí, como ya se dijo, la consulta nacional del próximo domingo sí se apega a lo establecido en el marco legal específico; sin embargo, no tiene razón de ser porque, como bien lo han manifestado no pocas personas, el cumplimiento de la ley no se consulta y eso es precisamente lo que sucederá el próximo 1 de agosto.
Basta con leer la pregunta que aparecerá en la papeleta para entender que lo que el presidente López Obrador quiere saber -para actuar en consecuencia- si aprobamos o rechazamos que cumpla y haga cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Para comprender mejor el tema en cuestión, es necesario considerar los planteamientos que Robert Saunders comparte en su libro “Yes to Europe!”. Y es que, entre otras cosas, Saunders expone cómo mecanismos como el de la consulta popular pueden ser usados por determinados gobiernos para promover o justificar su irresponsabilidad. Es decir, cómo pueden ser usados, sí para fomentar y garantizar la participación directa de los ciudadanos en
ciertas decisiones políticas, pero con la intención de que el pueblo legitime la irresponsabilidad del gobierno y los actores políticos del momento, reduciendo los temas o las cuestiones políticas trascendentes a simples proposiciones de “Sí/No”.
Así, con lo expuesto por Saunders, queda claro que la consulta impulsada por el presidente López Obrador es solamente otra de sus farsas (con cargo al erario) disfrazada de democracia participativa, cuyo único propósito es el de legitimar el incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades constitucionales y legales. Cosa que, independientemente del resultado de la consulta (sea el “Sí” o sea el “No”), ya logró porque siempre supo que para que los resultados sean vinculantes, la participación total debe ser, al menos, del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; o sea, que se necesitan 37 millones votos y que eso no sucederá.
En esta ocasión finalizo citando lo dicho por la abogada y columnista chihuahuense, Flor Yáñez Álvarez: "No hay necesidad de preguntar lo que es una obligación. La pregunta en resumidas cuentas es: ¿debemos o no apegarnos a la ley? La impartición de justicia no es optativa y no es a propuesta del pueblo. De nuevo resalta la bandera populista de absurdos del presidente para polarizar y dividir a la sociedad. Sólo los locos saldrán a votar el 1 de agosto para apoyar la irresponsabilidad del presidente de hacer su chambita".