Irresponsabilidad e incongruencia
La Constitución consagra que el Estado debe garantizar la seguridad de todas y todos los ciudadanos, por lo que acceder a ella no puede ni debe ser vista o tratada como un privilegio. Garantizarla es parte de la labor de los tres niveles de gobierno, cada uno desde su esfera de funciones. A través de políticas públicas, estrategias o programas, los Ejecutivos llevan mano en garantizar la seguridad para la ciudadanía y no lograrlo es ya un fracaso y una falla con la gente, pero es una irresponsabilidad aún mayor pretender convertir la seguridad, esa misma que se fue incapaz de dar a la ciudadanía, en un privilegio con nombres y apellidos.
En meses pasados, el gobernador envió al Congreso del estado un paquete de propuestas en materia de seguridad que contiene un apartado con el nombre de “De la Seguridad y Protección de Personas Funcionarias Públicas al concluir su encargo o nombramiento”, el cual busca brindar seguridad personal (escoltas y vehículo blindado, incluida la gasolina) al gobernador, al fiscal general estatal, al titular de Seguridad Pública y al secretario general de Gobierno, con cargo al erario.
El servicio de seguridad personal que se pretende sería por 4 años para el gobernador contados a partir de la conclusión de su nombramiento, y en el caso del fiscal general estatal, el titular de Seguridad Pública y el secretario general de Gobierno, será proporcional al tiempo que prestaron sus funciones.
El argumento bajo el cual se solicita dicha reforma es que tales personajes, durante sus encargos, enfrentaron “estructuras delincuenciales y combatiendo los actos ilícitos de éstas”; se señala además que estas personas brindaron un servicio a la ciudadanía.
Hasta aquí la iniciativa que en marzo de este año envió Javier Corral y que estos días la Comisión de Seguridad del Congreso analiza. Ahora me gustaría contextualizar. En mayo de 2017, el mismo Javier Corral envió una iniciativa de decreto para reformar la Ley Estatal de Seguridad Pública, la cual proponía retirar los servicios de seguridad y protección personal de funcionarios públicos al concluir su encargo o nombramiento.
En menos de un mes, o sea, en junio de 2017, se derogaron los artículos 305 al 308, del Título Undécimo “De la Seguridad y Protección Personal de Funcionarios Públicos al Concluir su Encargo o Nombramiento” de la Ley Estatal de Seguridad Pública.
En aquel entonces, para fundamentar esta petición, el gobernador argumentó que no debería ser el ciudadano común el que, vía la carga tributaria, los cubra. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora sí el ciudadano común debería pagar dicha seguridad? Porque ahora el beneficiario es él y ahora sí el ciudadano común tiene que cubrírsela a él y a sus funcionarios.
¿Cuánto nos va a costar la seguridad de estos exfuncionarios si es que se aprueba la reforma? Aproximadamente 100 millones de pesos, los cuales ciertamente se podrían destinar a planes y programas de salud, vivienda, sociales, y claro, de seguridad, pero para el ciudadano común, no para una élite.
Sí el gobernador y sus funcionarios tienen temor fundado de que algo o alguien les quiera hacer daño debido al “servicio prestado a la ciudadanía”, existe un mecanismo de protección que tiene el gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación. Opciones, existen.
Así pues, esta propuesta de reforma se resume en dos palabras: irresponsabilidad y congruencia.
En menos de un mes, o sea, en junio de 2017, se derogaron los artículos 305 al 308, del Título Undécimo “De la Seguridad y Protección Personal de Funcionarios Públicos al Concluir su Encargo o Nombramiento” de la Ley Estatal de Seguridad Pública.