México demanda a compañías de armas
Cancillería las acusa de facilitar el tráfico ilícito de armamento que genera violencia
EL GOBIERNO de nuestro país asegurá que en 2019 se cometieron 17 mil homicidios dolosos con armas provenientes de Estados Unidos
CDMX. El Gobierno de México presentó ayer ante un Tribunal Federal de Boston, Massachusetts, una demanda civil contra algunas de las empresas productoras y distribuidoras de armas más poderosas de Estados Unidos, a las que acusa de llevar a cabo prácticas comerciales negligentes, que facilitan el tráfico ilícito y han profundizado la violencia en nuestro país.
La demanda señala que México busca una compensación económica, que de acuerdo con estimaciones de la Cancillería podría alcanzar dos por ciento del PIB nacional, pues alega que Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt's Manufacturing Company, Glock Inc, Sturm, Ruger & Co. Inc. y otras nueve empresas más sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país, así como ser productores de más de 68 por ciento de las armas que se introducen ilegalmente a nuestro país cada ao por la frontera norte.
El Gobierno de México afirma que nuestro país cuenta con leyes estrictas que hacen casi imposible que los delincuentes adquieran armas en territorio nacional, pero estos candados legales son socavados por las empresas estadounidenses al suministrar persistentemente un torrente de armas a los cárteles de la droga.
En la demanda se ponen casos donde delincuentes utilizaron armas que habráin sido compradas de manera ilegal. Uno de estos es el fallido operativo en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, en octubre de 2019, en el que miembros del Cártel de Sinaloa mostraron fusiles como el Barrett calibre .50, capaz de derribar helicópteros y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Otro de los casos que destaca la demanda es del ataque contra el jefe de policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en el que fueron utilizados tres rifles de francotirador Barrett calibre .50, una Pistola Smith & Wesson 9 milímetros, una carabina Smith & Wesson calibre 5.56 milímetros, un rifle Ruger calibre 5.56 milímetros y una carabina de calibre Colt de 5.56 milímetros.
La exigencia mexicana se basa no solo en la violencia que provoca el flujo de armas ilegales, sino también por afectaciones económicas, como la sangría de recursos públicos para sostener la guerra contra los grupos criminales, así como pérdidas a industrias como el turismo.
“El gobierno federal de los Estados Unidos ha determinado que las armas de los acusados son una fuente abrumadora de los arsenales de los cárteles, y que el tráfico de armas de los acusados a través de la frontera con México ha provocado una crisis de proporciones extraordinarias”, destaca la acción civil, vista como un acto “sin precedentes” por parte de la Cancillería mexicana.
“Los demandados son conscientes de que suministran habitualmente armas de fuego que se trafican a México”, agrega.
En respuesta, la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó la acusación del gobierno de México al argumentar que las ventas de armas se hacen con apego a las leyes de Estados Unidos.
“Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras ”, dijo Lawrence G. Keane, Vicepresidente Senior y Asesor Jurídico de NSSF”, a través de un comunicado. Según datos del gobierno mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde la Unión Americana que, solo en 2019, fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos e el territorio nacional.
“Se ha presentado la demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en Estados Unidos, comercio que nos causa un daño directo”, dijo en conferencia de prensa el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio Alcántara, al informar sobre la demanda.
El funcionario explicó que la ley estadounidense permite a terceros demandar ante sus Cortes si se sufren daños y aclaró que con esto no se entra en conflicto con la Segunda Enmienda, que permite a los ciudadanos estadounidenses adquirir armas, sino que se fundamenta en que los daños ocurren en territorio mexicano, donde la legislación mexicana establece que los civiles no pueden adquirir armas.
“No lo hacemos para meter presión a Estados Unidos, a quien reconocemos por su esfuerzos para frenar el tráfico de armas, sino para que no haya más muertos en México”, dijo Celorio Alcántara en conferencia de prensa.
Sin embargo, reconoció que se espera un proceso legal —el cual estará en manos de dos reconocidos despachos estadounidenses contratados por el Gobierno mexicano— largo, pues el primer reto para el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador será demostrar ante la Corte que tiene derecho a demandar a los fabricantes de armas, como afectado directo. El segundo será superar el blindaje político y legal que tiene la industria armamentista en Estados Unidos.
LAWRENCE G. KEANE VICEPRESIDENTE SENIOR Y ASESOR JURÍDICO DE NSSF “Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”