De prioridades y otras cosas: la “reingeniería” gubernamental
Hace unos días la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, envió al congreso local una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de esa entidad, denominada “Reingeniería de la Administración Pública del Estado de Chihuahua”.
Una buena parte de la propuesta son modificaciones de forma al citado ordenamiento; pero también plantea algunos cambios de fondo que, sin duda, ameritaban el análisis y debate profundo de distintas instancias y actores, antes de siquiera pensar en una reforma legal: la fusión de las secretarías de Cultura y de Educación; la extinción de la Secretaría de Desarrollo Municipal, y la creación de la Secretaría de Coordinación de Gabinete.
Sobre el retroceso que implicaba la desaparición de la Secretaría de Cultura y su incorporación como un instituto a lo que sería la nueva Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, tal como era de esperarse, la comunidad artística, académica y cultural se manifestó inmediatamente en contra, realizando pronunciamientos, protestas y una petición en la plataforma change.org, que consiguió miles de firmas en sólo unas horas. Campos Galván no tuvo más opción que dar marcha atrás y retirar la propuesta.
La extinción de la Secretaría de Desarrollo Municipal y la reasignación de sus funciones a otra instancia es un tema que hay que discutir también, pero hoy quiero hacer una reflexión sobre el planteamiento del que poco se ha dicho hasta hoy: elevar a rango de secretaría lo que se conoce en Chihuahua como la Coordinación Ejecutiva de Gabinete. El texto señala que esa área mantendrá sus funciones actuales, e incorporará otras como el enlace con las dependencias federales, algunas coordinaciones y la Consejería Jurídica del Estado.
En la brevísima exposición de motivos de este apartado (sólo cinco párrafos) se indica que el cambio tiene como propósito final acentuar la administración pública y el ejercicio de la política, con el fin de “consolidar el Estado democrático”. Sin embargo, aún hay preguntas para las que no encuentro respuesta: ¿No hay temas más apremiantes en el estado como la protección a las mujeres, o la mejora de condiciones de vida a los pueblos originarios?, ¿es verdaderamente necesario asignarle la categoría, el presupuesto y las prerrogativas a una secretaría que coordine al gabinete?, ¿realmente necesita la gobernadora electa una figura de esa naturaleza para el ejercicio de sus funciones?
Buscando encontrar la lógica revisé las estructuras orgánicas y gabinetes legales de las entidades federativas cuyos gobernadores actuales (además de Chihuahua) emergieron de las filas del Partido Acción Nacional: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán. La idea era conocer si una secretaría de esa naturaleza absurda existe ya en otros lugares, o si es parte de un ideario “novedoso” del propio partido. No es así. Ningún otro gobierno actual del PAN cuenta en sus filas con tal secretaría; al parecer, nadie más ha pensado que eso sea relevante, o necesario.
Concluyendo, debemos recordar que Chihuahua es un estado donde históricamente se ha violentado a las mujeres y que es reconocido porque el feminicidio es práctica común. Además, en la entidad hay cuatro pueblos originarios que han vivido violencia estructural y sufrido el abandono histórico de sus gobernantes. Tristemente en Chihuahua no se plantea hoy la conformación de una Secretaría de la Mujer, como por ejemplo sí existe en Yucatán, o una Secretaría de Pueblos Indígenas, como en Oaxaca. Aquí la “reingeniería” se centra en la creación de una secretaría que coordine a los servidores públicos de primer nivel; el equivalente a una gran guardería de funcionarios.
La propuesta del nuevo gobierno es todo menos congruente con la idea de establecer una administración esbelta, eficiente y que coloque a los grandes problemas públicos del estado en la primera línea. En Chihuahua la prioridad es apostarle a una oficina que coordine al personal y que ayude a la gobernadora a gobernar.