Liberan bienes inmuebles de exgobernador
Serían siete ranchos, entre ellos El Saucito, dos predios y una finca en Hidalgo del Parral, presuntamente adquiridos con el producto de su trabajo antes de ser el mandatario DECLINAN COMPETENCIA
El abogado Juan Carlos Mendoza, representante legal de César Horacio D. J., informó que se logró un acuerdo judicial con la Fiscalía General del Estado durante la pasada administración estatal, por lo que se liberaron diez inmuebles asegurados como parte del juicio de extinción de dominio que se inició contra su representado, ello tras el amparo 1061/2021
Entre los inmuebles liberados se encuentra el Rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, con una superficie de 609 hectáreas, además de otros 6 ranchos, dos predios, así como una finca urbana en el municipio de Balleza y un rancho en Hidalgo del Parral, los cuales fueron adquiridos antes de ser gobernador constitucional de Chihuahua. El Rancho
Santa Rita sí pasó finalmente a manos del gobierno del estado.
Por su parte, el abogado Roberto Fierro, encargado de la Fiscalía General del Estado con la nueva administración, señaló que nunca se les informó sobre el levantamiento de la medida cautelar, por lo que fue una sorpresa que el pasado 10 de septiembre la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado recibió un oficio de solicitud para levantar el aseguramiento de diversos bienes que fueron señalados a diversos exfuncionarios de la administración 2010-2016.
Dicho desistimiento se realizó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la acción de inconstitucionalidad con el folio 100/2019, decretó la invalidez de varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, entre ellos la fracción IV del artículo 7, en la que se sustentaría la acción de extinción de dominio de los presentes casos, la cual establece que procederá cuando existan bienes de origen ilícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes derivados de la comisión del delito.
Además, el máximo tribunal en el país, durante el desarrollo del juicio civil, estableció que los bienes asegurados fueron adquiridos por sus propietarios previo al desempeño del cargo del cual presuntamente hicieron uso para cometer el delito. En consecuencia, no se podría tomar en cuenta el delito de peculado, previsto en dichos expedientes.
Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se demuestra el mal manejo que se ha realizado dentro de los expedientes antes mencionados.
Además de que el pasado 3 de septiembre, la aún administración de Javier Corral declinó la competencia a favor de la federación, de la causa penal por enriquecimiento ilícito, sin que hasta la fecha se haya pronunciado la Fiscalía General de la República aceptando la competencia.
El abogado Juan Mendoza también explicó que el acuerdo es una medida prudente en medio de un juicio que había violado toda garantía a los involucrados. Igual, resaltó que, entre diversas cosas, esto ha sido un proceso judicial alejado de los elementos mínimos que dicta el derecho procesal.
El abogado Juan Carlos Mendoza explicó que el pasado 3 de septiembre, durante los últimos días de la administración de Javier Corral, se concretó el acuerdo asentado en el oficio 1869/2021 perteneciente al expediente 74/2021 en relación con el amparo promovido por la representación legal de César D.