Regularizar una falta a la justicia
El empresario Víctor Cruz lamentó la propuesta por prestarse a legitimar un hecho irregular, mientras que otros tienen papeles DEJARÍA 250 MDP: MORENA CIRCULAN MÁS DE 300 MIL
En el estado de Chihuahua tenemos los datos en violencia, (donde) muchos de los crímenes cometidos son en este tipo de vehículos”, observó Víctor Cruz, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores en Chihuahua, sobre los autos “chuecos” en la entidad que propone legalizar el presidente López Obrador.
El líder empresarial lamentó la propuesta por prestarse a legitimar un hecho irregular, toda vez que otras familias sí cuentan con sus papeles en orden. En este sentido, dijo que la decisión es “una falta a la justicia social” contra el “porcentaje muy alto de chihuahuenses que adquieren su vehículo nacional y cumplen con los requisito que marca la ley”.
“Tenemos que ser equitativos con las familias que tienen un auto nacional que pagan su revalidación, sus placas, su seguro. Sería muy lamentable que personas no estén pagando eso y se les vaya a regularizar el auto”, hizo eco de la misma perspectiva Francisco Santini, presidente del CCE en Chihuahua.
Víctor Cruz Fierro, presidente de AMDA en Chihuahua, llamó atención al hecho que este tipo de vehículos son riesgo tanto a la persona como al patrimonio. Explicó que de acuerdo con estudios de AMDA, estos automóviles presentan muchas fallas y se vuelven inseguros para las familias que los adquieren.
En muchos casos, se trata de autos considerados de desecho en Estados Unidos, al haber sufrido algún accidente, choque
privada al menos en Chihuahua se ha mostrado en contra de esta regularización, mientras que otros sectores aprueban esta nueva medida o descompostura mayor, señaló Santini Ramos, presidente del CCE.
También estimó que el decreto del presidente López Obrador es un modo de afianzarse con un grupo electoral rentable, que son las familias que cuentan con vehículos “chuecos”, así como las “mafias de contrabando”.
“Vemos que este tipo de medidas o política es hacer política para ganar votos”, opinó. El presidente de Ficosec coincidió en este aspecto, al considerar que cada sexenio se repite la misma política de “regularizar lo que estaba ilegal” y agregó que es una política “populista”.
LEGALMENTE IMPOSIBLE
La diputada federal Patricia Terrazas dio a conocer que resulta legalmente imposible que se implemente un programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, ya que el Anexo 8 contenido en la Ley Aduanera sostiene un convenio entre el Estado y la Federación que imposibilita ese tipo de acciones.
Destacó que los diputados de Morena que hablan de una regularización en torno al anuncio del presidente López Obrador carecen del conocimiento de la ley, por lo que reiteró que pudiera darse un reconocimiento legal de propiedad para los dueños de los vehículos, sin embargo eso no les faculta para venderlos, facturarlos o incluso para circular libremente.
Los diputados que integran el grupo parlamentario de Morena informaron que la regularización de vehículos de procedencia extranjera que anunció el presidente López Obrador no representa ninguna afectación para las empresas dedicadas a la venta de vehículos, pero sí será un enorme beneficio para las familias chihuahuenses; asimismo se mencionó que el estado recibiría cerca de 250 millones de pesos, derivados de dicho programa.
Añadió que se habla de que los propietarios paguen cerca de mil pesos para poner en regla sus vehículos, los cuales actualmente circulan sin ningún tipo de regularización, incluso no están identificados ni tienen una relación directa con los dueños.
El presidente de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), José Barrios Núñez, dio a conocer que en Chihuahua se encuentran circulando más de 300 mil vehículos de procedencia extranjera, que están listos para ser regularizados con la nueva propuesta del presidente de la república.
Al momento la IP en el estado se ha mostrado en contra de esta regularización, mientras que otros sectores aprueban esta nueva medida, pero será el Gobierno de la República el que tenga la última palabra.
La iniciativa