El 30 de septiembre del presente año el titular
del Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma con el que se pretenden modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política.
E l objetivo principal planteado en la exposición de motivos de dicho proyecto es proponer “un nuevo sistema eléctrico mexicano en el cual el Estado recupera la conducción del sistema eléctrico nacional”, sin embargo, lo que se propone no es nuevo, ya que con lo plasmado en esta iniciativa se busca regresar al pasado.
La iniciativa pretende revertir la reforma energética de 2013, buscando monopolizar el sector eléctrico nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad a quien, de aprobarse esta reforma, se le otorgarían facultades únicas de operación, es decir, la CFE sería exclusivamente la empresa encargada de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica al país, situación que generaría un retroceso enorme para la industria eléctrica de México.
Pretender tener un mayor control estatal en todas las actividades del sector eléctrico afecta la competitividad del sector y ahuyenta la inversión privada en nuestro país, la cual ha demostrado ser de suma importancia para el desarrollo y avance de las economías. El Estado y la Comisión Federal de Electricidad no cuentan ni con los recursos financieros ni materiales para poder cumplir con lo establecido en el documento enviado, CFE no tiene la capacidad para generar al menos el 54% de la energía eléctrica que requiera el país como se establece en la iniciativa.
Aspirar cumplir este objetivo es atentar en contra de los derechos de los mexicanos ya que además, no se apuesta por las energías limpias, CFE al tener generadoras de energía obsoletas contaminaría nuestro medio ambiente de manera considerable incumpliendo con ello instrumentos internacionales en materia ambiental de los que
México es parte.
Aunado a lo anterior, este proyecto de reforma se encuentra lleno de arbitrariedades que implican diversos impactos negativos como la eliminación de los órganos reguladores autónomos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estos se incorporarían a la Secretaría de Energía, la cual al pertenecer al Poder Ejecutivo federal generaría una industria inequitativa para aquellos que participan en el sector eléctrico privado.
Actualmente, nos encontramos en un contexto internacional que apuesta hacia la producción de energía con métodos más sustentables y a menor costo contrario a esta reforma que tiene una visión retrógrada, la que llevaría a nuestro país décadas atrás en donde había apagones intermitentes, no se apostaba por la competitividad, la inversión privada ni la sostenibilidad.
Como integrante de la Comisión de Energía dentro de la Cámara de Diputados me toca dar la batalla en contra de las ocurrencias unilaterales del actual gobierno federal que, por si fuera poco, causarían la pérdida de más de 29 mil empleos que producen las empresas privadas generadoras de electricidad y provocarían incertidumbre en todos aquellos jóvenes estudiantes de las licenciaturas e ingenieras relacionadas con la electricidad que hasta hoy se tiene registro de que son más de 142 mil personas que no tendrían una oportunidad para ejercer su carrera.
En el Partido Acción estamos convencidos de que se debe impulsar la participación ciudadana, así como la de los expertos para poder llegar a un acuerdo que permita llevar al país a una transición energética con una verdadera visión hacia el futuro.