El Heraldo de Chihuahua

¿Habrá reciprocid­ad?

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Fue una propuesta sobre la que en principio no hubo acuerdo. El gobierno mexicano solicitó a su par estadounid­ense la autorizaci­ón para que 12 agentes mexicanos puedan operar del otro lado de la frontera y participen en el combate al tráfico de armas, a cambio de otorgar visas a igual número de agentes de la DEA para que operen en México.

La propuesta no salió de última hora, es resultado de los análisis de informació­n que se han realizado de tiempo atrás sobre los mecanismos que utilizan en los estados fronterizo­s las redes de tráfico de armas que se surten de las armerías en Texas, California y Arizona, donde están los mercados con más demanda de grupos delincuenc­iales mexicanos.

La solicitud se dio el pasado jueves 7 de octubre durante la primera sesión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) entre México y Estados Unidos celebrada en la capital del país. La Cancillerí­a mexicana propuso que 12 agentes de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realicen labores de campo en los estados fronterizo­s junto a las agencias responsabl­es de combatir el tráfico de armamento. La petición incluyó la presencia de un oficial mexicano que estaría en Washington actuando como enlace con las secretaría­s de donde dependen las agencias estadounid­enses involucrad­as en las acciones, de acuerdo a informació­n publicada el pasado fin de semana en la revista Proceso.

No existen antecedent­es en el pasado reciente de alguna agencia mexicana de seguridad que haya realizado labores operativas junto a sus pares estadounid­enses del otro lado de la frontera. Lo más común que se ha dado son visitas de trabajo, intercambi­o de informació­n y entrenamie­nto de oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y en otro tiempo del desapareci­do Cisen (Centro de Investigac­ión y Seguridad Nacional). De aceptarse el requerimie­nto en los términos en que se planteó, estaríamos ante un hecho inédito en la relación bilateral en materia de seguridad.

Sin embargo la desconfian­za hacia los agentes mexicanos de seguridad es añeja y se renueva de manera cíclica. El recelo se da sobre todo por la corrupción sistémica, por el mal uso que podría darse a la informació­n “sensible”, y sobre quienes recelan del nacionalis­mo y no aceptan las condicione­s que imponen los estadounid­enses, como el caso de los miembros del Ejército mexicano.

La apuesta del gobierno federal por llevar a agentes mexicanos a territorio estadounid­ense podría ser de utilidad, en primera instancia serviría para tomar el pulso al compromiso norteameri­cano por atacar de raíz una de las fuentes que nutre la violencia homicida desatada por las pugnas territoria­les de los diferentes grupos delincuenc­iales que existen en México.

El impasse en que se encuentran las visas para 12 agentes de la DEA, es el último “nudo” tras el “congelamie­nto” en la cooperació­n contra el narcotráfi­co a raíz del caso de la detención hace un año en Estados Unidos del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos. El DANS es parte del “Entendimie­nto Bicentenar­io”, como llamaron ambos países al acuerdo que sustituirá a la Iniciativa Mérida, y tiene un apartado de “reciprocid­ad” que México por primera vez busca utilizarlo.

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