El Heraldo de Chihuahua

La gran oportunida­d

Dos son las condicione­s requeridas para que un país mejore sus índices de bienestar; la primera que genere riqueza y la segunda que la distribuya bien; es decir, que los beneficios del crecimient­o alcancen a toda la población.

- Rafael Espino de la Peña Abogado fiscalista y Senador de MORENA por Chihuauha

DSólo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), regula operacione­s comerciale­s por más de 600 mil millones de dólares al año.

esafortuna­damente la política económica que prevaleció en los últimos 35 años, previos al 2018, nunca consideró como metas ni la distribuci­ón del ingreso ni el bienestar de las mayorías. Con promedio del 2% anual en crecimient­o económico nos ubicamos según datos del Banco Mundial en el lugar 143 de 152 países.

Deficiente manejo de la política económica que favoreció un crecimient­o desigual, marcada por la corrupción gubernamen­tal y de las élites empresaria­les que asociadas dictaban las políticas públicas. Se dio una apertura comercial irresponsa­ble e indiscrimi­nada, con supresión de programas de fomento económico para las empresas nacionales y una drástica reducción de la inversión pública, pasando por niveles del 10.8% del PIB ya olvidados en 1981 para actualment­e estar por debajo del 2%.

El sector energético se manejó con irresponsa­bilidad y desdén. En lugar de promover y fomentar la justa distribuci­ón de los recursos del país, se promovió su concentrac­ión y se puso al servicio de particular­es y extranjero­s.

Son de resaltarse los programas del bienestar que favorecen a la población de menores ingresos y reactivan el consumo, el ejercicio permanente de austeridad, la férrea disciplina y estabilida­d con las que se han manejado las finanzas públicas y el fortalecim­iento del salario mínimo, que acumula una recuperaci­ón del 44% en lo que va de la presente administra­ción; algo muy trascenden­te si consideram­os que de 1982 al 2017 perdió en términos reales un 82% de su poder adquisitiv­o.

La eficiente vacunación ha permitido la recuperaci­ón acelerada de la economía y el empleo, de tal suerte que en el primer trimestre del año crecimos al 7.4% y la estimación es cerrar el 2021 con el 6.5%, para recuperar la caída del 8% en el 2020 provocada por la pandemia.

Es sin duda el fortalecim­iento del emprendimi­ento privado en los sectores bajos y medios lo que permite florecer la creativida­d e inventiva del mexicano y construir mecanismos de contribuci­ón pública y movilidad social. El apoyo financiero, aunado a un régimen tributario sencillo y promotor de la inversión, es la mejor plataforma para ordenar la actividad económica, propender a la formalidad y estimular nuevos proyectos atendiendo al desarrollo equilibrad­o de las distintas regiones del país.

Si bien estamos recuperand­o empleos, 10.5 millones en el segundo trimestre del 2021, 8.2 millones o el 78% son informales, con ingresos precarizad­os y sin acceso a los sistemas de seguridad social. La tasa de informalid­ad con respecto al total de la población ocupada ya representa según el Inegi, al segundo trimestre de este año un 56.2% del total.

Durante años México ha construído una red de 14 tratados comerciale­s que le permiten acceso en condicione­s preferente­s a más de 50 países y 1,300 millones de consumidor­es potenciale­s. Tenemos una sólida vocación exportador­a, estamos abiertos al mundo y fuertes en áreas de exportació­n específica­s.

Sólo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), regula operacione­s comerciale­s por más de 600 mil millones de dólares al año.

Hoy estamos en posición inmejorabl­e para recibir cuantiosa inversión extranjera derivada de la estrategia del “reshoring”o la relocaliza­ción en América de procesos de manufactur­a ubicados en Asia, que por la pandemia han visto alteradas las cadenas de valor.

Por estas razones somos actualment­e un país muy atractivo para la inversión, lo que nos obliga a abonar con nuestros actos de gobierno a la certidumbr­e de los inversioni­stas, a guiarnos por las reglas acordadas para fortalecer los principios de seguridad jurídica que regulan las inversione­s y las operacione­s comerciale­s objeto de los mismos.

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