Sinaloa se frota las manos con planta de fertilizantes
EL ESPECTADOR
La construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa, un proyecto de más de 20 mil millones de pesos que encabeza Grupo Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), al mando de
Arturo Moya Hurtado, ha estado en el ojo y boca de muchos mexicanos desde que se anunció en agosto de 2019. Ha provocado diversas protestas, pero destacan las de grupos defensores de la tierra. El principal argumento de estas organizaciones medioambientales, indígenas y de lucha social, son presuntas irregularidades en el uso del suelo de los terrenos, así como la supuesta afectación al medio ambiente que acarrearía un proyecto como este.
Sin embargo, en Palacio Nacional ya saben que la construcción cuenta con el aval de la Semarnat, de María Luisa Albores González, dependencia que ha reiterado que los permisos que ha otorgado siguen vigentes, pues se cumple con todos los requisitos. Además, el proyecto ha ganado cinco amparos contra grupos opositores que acreditan que no destruirá ninguna clase de ecosistema.
Dicho lo anterior, se pueden valorar los beneficios tangibles que podría traer la planta fertilizadora que, con sus 800 mil toneladas métricas de amoniaco que produciría, no solo podría solucionar el problema del desabasto de materia prima que sufren los agricultores desde hace más de una década, pero también, al no tener que importar, reduciría el precio de este agroquímico que hoy en día se llega a cotizar hasta en 18 mil pesos la tonelada y que afecta directamente el costo de producción de alimentos en la entidad que gobierna Rubén Rocha Moya.
Con hasta 12 mil empleos generados de manera indirecta y sueldos que oscilarían entre los 17 mil y 25 mil pesos mensuales, el proyecto es más que bien visto, tanto por grupos agrícolas de la zona norte del estado, como El Carrizo y El Fuerte, como por la Secretaría de Economía de la entidad, que lleva Javier Lizárraga Mercado, dado el dinamismo sin precedentes que experimentaría la demarcación y que podría incentivar la llegada de nuevas inversiones.
Aunado a ello, el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha condicionado la viabilidad a una consulta ciudadana a realizarse en las próximas semanas, sin embargo, a diferencia de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, este proyecto parece tener la aprobación generalizada, tanto de la población, como de la iniciativa privada, autoridades federales y estatales.
Lo cierto es que la moneda está en el aire, hasta que se haga la consulta se conocerá si este proyecto avanza. La Secretaría de Gobernación, de
Adán Augusto López, tiene el encargo en sus manos, y mantiene como uno de sus principales operadores en la zona al subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar Solorio. Antes de que termine el año conoceremos la decisión de los pobladores de esa zona.