Sin aumento a los créditos Infonavit
Inflación, impacto en la reactivación económica
El aumento en un 22% al salario mínimo para 2022 no afectará los créditos hipotecarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), según precisó la dependencia, ya una de las mayores preocupaciones es saber si el monto del crédito incrementa en la misma proporción que el salario.
El Infonavit explica que por un lado, los créditos que se emitieron en pesos no sufren ningún cambio. Aunque también existen los créditos en Veces Salarios Mínimos (VSM), pero se aseguró que éstos no van a incrementar en 22%.
Lo anterior porque desde 2016 se estableció que los créditos se ajustarán al incremento del salario mínimo o a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de cuál tenga un menor impacto sobre los créditos. En este sentido se ejemplificó que en 2021 el salario aumentó 15% y la UMA 3.15%, por lo que los créditos denominados en Veces Salario Mínimo sólo registraron un aumento de 3.15%
Cabe precisar que hasta el momento, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no ha dado a conocer cuál será el aumento de la UMA para 2022, normalmente lo hace durante los primeros días de enero y es mucho menor al incremento al salario.
“El aumento al salario es una buena noticia para todos los trabajadores, ya que además de que tendrán un ingreso mayor, si no han tramitado su crédito, las aportaciones patronales que deberá hacer su patrón también serán mayores, lo que les permitirá acumular más ahorro en su Subcuenta
de Vivienda y eventualmente acceder a un financiamiento”, el Instituto.
Cabe recordar que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó un incremento del 22% a los salarios mínimos generales y profesionales, con lo que pasará de 141.70 pesos a 172.83 pesos en la mayor parte del país, y de 213.39 pesos a 260.34 pesos diarios en la zona de la frontera.
Con una inflación anualizada un poco mayor al 7%, los efectos perniciosos sobre la economía en su conjunto y en la población menos favorecida, se socavan los ingresos familiares, las finanzas públicas y, consecuentemente, retraen la reactivación económica. Podríamos decir, que la inflación se manifiesta por un aumento generalizado de los precios, en un país, en un período, en ese sentido, el Inegi informó que en la primera quincena de noviembre de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento de 0.69% respecto a la quincena inmediata anterior; con este resultado la inflación anual se ubicó en 7.05%. En el mismo periodo de 2020 las variaciones correspondientes fueron de 0.04% quincenal y de 3.43% anual. Las entidades federativas y ciudades con la mayor variación de precios en la primera quincena de noviembre son Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California y Chihuahua. El Banco de México ha señalado que en lo que va del año, la inflación ha resentido las disrupciones en las cadenas de producción, los incrementos generalizados en los precios de las materias primas y alimentos, así como el cambio en los patrones de consumo, para contrarrestar esa situación transitoria, elevó la tasa de interés a 5%, el cuarto aumento consecutivo de 25 puntos base, que se había mantenido hasta junio en 4%. Habría que señalar que este proceso inflacionario no es privativo de México, sino que esta situación también prevalece en EU, Europa, en otros. Una muestra del impacto inflacionario, en lo que respecta a las finanzas públicas, la administración estatal ejercerá para 2022 un presupuesto aproximado de 81 mil 356 mdp, mientras que en el actual 2021, ascendió a $74,225,370,049; es decir, se incrementa en 9.6%. Pero, en términos reales, descontando la inflación, se ubica en un 2.5%. En la Ley de Ingresos estatal de este año, se asienta que el monto de participaciones asciende a 25,924.5 mdp y se anunció que para el 2022 habrá un aumento en 4,240 mdp, aproximadamente, un 16.3%, menos el efecto inflacionario, un 9.3% mayor. Pero los que realmente resienten la inflación son las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, pero también las de la clase media, ya que mermará el acceso a la canasta básica alimentaria y a otras necesidades. Aunado a todo esto, se aproxima una cascada de gastos: Incremento al Predial, incremento de los derechos vehiculares y de las casetas de peaje, incremento en los servicios públicos básicos. Como corolario, al margen del proceso inflacionario, una “decisión regresiva” en la aplicación de los derechos de alumbrado público, DAP, implicará cobros iguales a usuarios, sin distinción si son empresas, personas adultas mayores, habitantes residentes en zonas de alto valor inmobiliarios o habitantes de colonias marginadas, con alumbrado público precario.
Economista y Profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACh