La "nueva" ley general de aguas nacionales
Como lo he expresado en anteriores ocasiones, en esta LXV Legislatura nos hemos decidido a cumplir con la omisión en que ha estado el Poder Legislativo, en no acatar el Decreto del 2012 , del presidente Felipe Calderón que establece el acceso universal al agua y al saneamiento para todos los mexicanos, y que en su articulado transitorio se compromete a este poder, a emitir la Ley General de Aguas que reglamente esta reforma constitucional al sexto párrafo del artículo 4o.
Desgraciadamente con esta coyuntura, el partido en el poder y sus partiditos satélites, así como algunas organizaciones de izquierda, desean promulgar una Ley General de Aguas Nacionales, que es una contradicción desde su título, para abrogar la actual Ley de Aguas Nacionales de 1992, que ciudadanizó la administración del agua de uso agrícola, de la fuente de abastecimiento, hasta la parcela.
El acceso universal al agua no es la parte medular de estas acciones, sino violar flagrantemente los artículos 27 y 28 constitucionales, para eliminar la propiedad privada en el campo, asimismo acabar con la actividad agropecuaria comercial y productiva, para regresar a la de autoconsumo y a las tierras y aguas comunales, como fue en algunos países de corte socialista y que fueron un gran fracaso.
Yo estoy seguro que nadie está en contra de que todos los mexicanos tengan agua potable en forma asequible, de buena calidad, en su casa y asimismo puedan tener alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales; pero este objetivo no está peleado con el derecho al trabajo, a la alimentación y a la salud. El artículo 27 dice en su primer párrafo “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.
Entendemos que el uso del agua para actividades productivas es a través de concesiones; que éstas son inalienables y que no transmite en ningún momento la propiedad de la misma, pero sí su uso. Que debe haber una certeza jurídica para quien invierte su capital y su trabajo en una actividad agropecuaria, cuyo principal insumo es el agua. Que debe reglamentarse, que el interés nacional estará siempre por arriba del privado, pero eso no implica que no se deba establecer un orden que impida la falta de gobernanza y la anarquía en estos rubros.
El gran reto es para quienes creemos en la economía de libre mercado, en el respeto a la propiedad privada, en que cada persona tiene derecho a trabajar en lo que desee, siendo lícita su actividad, pero sobre todo que el fruto de su trabajo es lo que motiva a seguir invirtiendo y colaborar en el desarrollo del país, que cuando se ven amenazados estos derechos, se termina la iniciativa para progresar y se cae en el conformismo que lleva a la pobreza y la destrucción de las naciones.
En mis próximas colaboraciones analizaremos las propuestas que están en la posibilidad de ser dictaminadas y votadas.
Entendemos que el uso del agua para actividades productivas es a través de concesiones