Toman la FGR afectados por empresa Aras
Consideran que los tres niveles de gobierno no han hecho nada para resolver estos casos de fraude INSISTIRÁN LE HACEN GUARDIA México es el quinto país más corrupto
Previo a la visita del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, un grupo de unas 20 personas que fueron presuntamente defraudadas por la empresa Aras Investment Business Group tomaron las instalaciones de la Fiscalía General de la República, para exigir que investiguen y sancionen a los responsables de afectar a cientos de personas en Chihuahua.
Los afectados que acudieron a estas instalaciones consideran que los tres niveles de gobierno no han hecho nada para resolver estos casos de fraude, pues a pesar de que incluso existan adultos mayores que se quedaron sin nada, a la fecha no existe un solo responsable que dé la cara por estas personas.
Luis Valbuena, quien habló a nombre de los inconformes, dijo que a la fecha tiene conocimiento de por lo menos 100 denuncias
ASEGURARON QUE hoy intentarán dialogar con AMLO en la V Zona Militar, donde el mandatario ofrecerá su tradicional conferencia mañanera ante la FGR en contra de la empresa por el delito de fraude por actos jurídicos simulados, pero que a la fecha nadie les ha informado o explicado algún avance del proceso. Los inconformes aseguraron que hoy intentarán dialogar con el presidente de la república en la V Zona Militar, donde ofrecerá la conferencia que cotidianamente da a los medios de comunicación a nivel nacional.
La manifestación se llevó a cabo en la subdelegación ubicada en la avenida Universidad, donde varios inconformes con la empresa Aras portaron lonas y estuvieron cerrando un carril de esta avenida para presionar a las autoridades para acelerar las investigaciones.
Al momento, dentro del último corte de las autoridades en el estado, existen cerca de 900 denuncias en contra de la empresa ante la Fiscalía General del Estado, 100 más en la Fiscalía General de la República y 300 demandas civiles en el Tribunal Superior de Justicia.
Ya durante la tarde de ayer un grupo de los manifestantes presuntamente defraudados por la empresa se encontraron en las instalaciones del aeropuerto en espera del arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Chihuahua para pedirle ayuda.
Desesperados comentaron que ahora van a recurrir al presidente para llegar a una solución, pues relataron que Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, “nomás les da largas”.
Los inconformes expresaron que atravesarían sus vehículos en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua con la esperanza de que el presidente baje del convoy para así dialogar con los ellos.
En el marco del Día Internacional de Combate a la Corrupción, México tiene poco o nada que celebrar, toda vez que el país está inmerso en una de sus peores crisis de corrupción, opacidad y falta de transparencia en los últimos años. Actualmente México es el quinto peor país del mundo en corrupción, sólo por arriba de países como Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo.
Desafortunadamente, la intención del presidente López Obrador de terminar con la corrupción se ha quedado sólo en el discurso e incluso él es uno de los promotores de la opacidad y falta de transparencia.
Y como ejemplo el denominado “decretazo”, a través del cual blinda toda la información relacionada con las licitaciones y contratos de obras como el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, bajo el argumento de que son un asunto de seguridad nacional. Este decreto es un acto ilegal que demuestra hechos de corrupción y que deja en entredicho el discurso de combatirla.
“Se trata de un decreto para blindar la información sobre los gastos en los proyectos impulsados en esta administración, en los cuales, presuntamente se beneficia a la familia y allegados del jefe del Ejecutivo”.
El propio secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, ha reconocido que el 80% de los casos de corrupción se detectan en la obra pública y en las compras irregulares, motivo por el cual, el Gobierno de la República rendir cuentas a los mexicanos.
Han sido los medios nacionales los que han dado cuenta de las irregularidades de las obras insignia de este gobierno, ante lo cual, el presidente simplemente determinó cerrar la información emitiendo un decreto. El Congreso de la Unión debe ser garante de la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que debe evitar que el Gobierno de la República siga burlando las leyes y lo obligue a transparentar en qué y cómo se está gastando el dinero público.
Por otro lado, al incremento patrimonial de funcionarios del gobierno federal como son los casos del extitular de la UIF, Santiago Nieto, a quien se le atribuye un presunto incremento de bienes patrimoniales en los últimos dos años, entre otros, la compra de departamento en Santa Fe, en junio de 2019, por 8.2 mdp. La compra de una casa en Querétaro, en septiembre de 2019, por 1.6 mdp, así como de una residencia en San Ángel, en la Ciudad de México, en diciembre de 2020, por un monto de 24 mdp, entre otros.
Con este escándalo, de nuevo se enfatiza la vocación inmobiliaria de los servidores públicos cercanos al presidente, como Manuel Bartlett e Irma Eréndira Sandoval, Olga Sánchez Cordero, además del escándalo de las transferencias millonarias internacionales en las que se encuentra inmiscuido el fiscal Alejandro Gertz Manero, lo que no deja de sorprendernos, concluyó.
Ya durante la tarde de ayer un grupo se plantó en las inmediaciones del aeropuerto con la esperanza de ser atendidos por el presidente a su arribo