Los riesgos de la coordinación UIF-FGR

El MP tendría la posibilidad de acceder a la información financiera

Aunque con posibles buenas intenciones, el convenio de coordinación que en la actualidad buscan la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora de Pablo Gómez, y la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, puede tener efectos muy peligrosos para la procuración de justicia en el país y, más aún, para la tranquilidad de los ciudadanos.

Resulta que, entre los elementos que se han considerado como parte de esa coordinación, se encuentra la homologación o el acceso mutuo a las bases de datos de los dos entes, lo que significa que el Ministerio Público tendría la posibilidad de acceder a la información financiera que se tiene disponible en la oficina perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Hablamos ni más ni menos que de la información referente a las cuentas, las transferencias, depósitos, retiros, adquisiciones y enajenaciones de todos los sujetos que usan el sistema financiero mexicano. Datos por demás sensibles y suficientes para determinar el perfil económico de las personas, aquel que es de gran valor para los funcionarios corruptos que podrían caer en la tentación de cometer alguna extorsión; por supuesto, como los que seguramente no existen en esta administración.

Con acceso pleno a estos datos, la FGR se convertiría en una especie de

Big Brother, con capacidad para investigar los movimientos de capital de las personas, incluso sin carpetas de investigación de por medio, con lo que tendría que hacer un requerimiento formal de información a la Unidad de Inteligencia Financiera.

A este riesgo también habrá que sumar la intención de la Fiscalía de Gertz Manero de hacer constitucional la revocación unilateral de los No Ejercicios de la Acción Penal (NESP); los cuales, según el marco jurídico, sólo pueden ser revocados por un juez competente en la materia, dentro de tiempos procesales muy bien determinados, y con la participación de los involucrados para poder hacer una defensa.

Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó el caso de los Jenkins y la denuncia que el mismo primogénito de la familia interpuso contra su madre y hermanos; esto por supuestas operaciones ilícitas con el dinero de la Fundación Mary Street Jenkins, unos 700 millones de dólares.

Tras la denuncia presentada por Guillermo Jenkins en 2016 y la investigación consecuente de la entonces PGR, se determinó el NEAP para los involucrados, pero ya en los tiempos de la 4T este mismo caso se reabrió, con la intervención y la decisión única de la mano derecha de

Alejandro Gertz Manero, el subprocurador Juan Ramos.

Se espera que la Corte determine que la revocación de la NEAP fue inconstitucional, de lo contrario estaremos ante la posibilidad de regresar a los tiempos de la guerra sucia y a vivir en un país en el que los sujetos sí podrán ser juzgados dos veces por el mismo delito (Por cierto, nos aseguran que no llega un militar a ocupar el cargo de Gertz en la FGR. Se estuvo hablando mucho en estos días de lo que pasó con

Rafael Marcial Macedo de la Concha en la PGR).