¿Y no le echarán la culpa a algún perno?
Los jaliscienses hoy padecen una de las obras más importantes del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Su construcción inició en agosto de 2014, con el objetivo de transportar alrededor de 230 mil usuarios al día, en una ruta de 21.5 kilómetros de extensión, conformada por 18 estaciones.
No tardaron tres años en construirla, fueron seis, y su presupuesto se duplicó, pasó de 17 mil millones de pesos a 34 mil millones de pesos.
Además, algunos de los 32 contratos tienen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por ser deficientes, poco claros o incluso porque estuvieron manipulados.
La ASF halló irregularidades por más de 600 millones de pesos. El Tren fue inaugurado el 12 de septiembre de 2020, en el acto estuvieron presentes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Las modificaciones en monto y plazo que se señalan en esta obra son resultado de ampliaciones o cambios al proyecto original solicitadas por autoridades estatales, así como la suspensión temporal de trabajos por retraso en el otorgamiento de licencias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dichas modificaciones se encuentran debidamente documentadas en el expediente de la obra, dijo en algún momento Mota-Engil, una de las empresas que participaron en la construcción del tren.
Recordemos que el consorcio conformado por Mota Engil México, China Communications Construction Company Limited, Gavil Ingeniería, EYASA, y Grupo COSH, ganó la licitación para construir el Tramo 1 del Tren Maya que correrá de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche. En abril del 2020, el director de administración y finanzas de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Arturo Ávalos, señaló que se optó por los servicios Mota-Engil porque cumplió con la documentación, no fue declarada insolvente, su propuesta técnica obtuvo alta puntuación y la económica fue la más viable.
Mientras que en Guadalajara, miles de usuarios padecen la obra que les iba a solucionar la vida, como desde hace algunas semanas pueden atestiguar los que, por necesidad, tienen que viajar en el tren ligero y tuvieron que buscar otros medios de transporte luego de enterarse que no había servicio porque no había luz, porque se habían robado los cables durante la madrugada.
Algunos de los empresarios involucrados siguen ganando contratos y sin hacerse responsables de lo que en algún momento prometían iba a ser el mejor servicio que nadie podía ofrecer, ni con el precio que ellos ponían en la mesa.
Lo grave de todo esto es que la memoria corta de los que firman los acuerdos de negocios se hace más pequeña cuando ven los beneficios que les acarrea estar en un cargo que no implica más compromiso que decir que ellos no son responsables y que se hará una investigación, aunque los resultados sean tan ambiguos como decir que todo fue por culpa de un perno.
Estamos en la 4T, pero las obras parece que ahora se harán más al aventón que nunca, más tomando en cuenta el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación que obliga a que los caprichos desde Palacio se cumplan a más tardar en cinco días. Es momento de que las empresas, que se dicen socialmente responsables, dejen de pagar publicidad engañosa, dejen de intimidar a medios, y hagan algo, antes de que muera gente en una de esas obras mal construidas y nadie, además de las familias que regalan votos o sus enemigos políticos, sufran las consecuencias.
¿Socialmente responsables?
¿De qué?