Para tomar una buena decisión
hay que estar bien informados, saber de qué estamos hablando, discutir y llegar con ello a la mejor decisión.
Esta es la propuesta de este gobierno federal y de los diputados del Partido del Trabajo y de Morena: diálogo y apertura total, nada que ver con los 40 minutos que les tomó a los diputados del Pacto por México en 2013 aprobar una reforma energética dañina que hoy necesitamos revertir, ahora sí, por el bienestar de México, no por el de unos cuantos solamente.
Desde hace una semana inició el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, un diálogo con organizaciones académicas, entidades públicas, especialistas y representantes de empresas relacionadas con el sector energético y la industria eléctrica, el cual muestra todas las posturas que existen sobre esta propuesta, a favor y en contra, y así se tengan todos los elementos para tomar la mejor decisión en el caso del poder Legislativo, y para la gente, saber de qué se trata lo que estaremos discutiendo y cómo les beneficiará.
A la par, desde diciembre del año pasado, diputados del Partido del Trabajo y Morena hemos venido realizando por todo el país Asambleas Informativas dirigidas a toda la gente para que conozca a detalle, de expertos y voz de los legisladores, de qué va la iniciativa presidencial sobre la materia. A la fecha se han realizado cerca de 50 asambleas que no buscan más que transparentar y difundir lo que estaremos discutiendo el próximo periodo de sesiones.
Este jueves y viernes pasado, Chihuahua y Ciudad Juárez fueron la sede de estas asambleas donde participaron legisladores expertos en la materia y con experiencia como el coordinador y la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier y Aleida Alavez, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja, representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los diputados de Chihuahua, incluida su servidora.
En estas asambleas dejamos las cosas muy claras: aquella reforma de 2013, aprobada fast track, sin discusión, sin diálogo, no consiguió tarifas competitivas para los consumidores, nunca existió orden en la transición energética, lo cual ha generado sobreoferta de capacidad, no eliminó la concentración económica que existe en el mercado eléctrico y sólo benefició a la participación privada, por eso es que esta reforma busca que el Estado, a través de la CFE, lleve a cabo el establecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva, que el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la CFE que se convierte en organismo del Estado responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración, y que se establezca la electricidad como área estratégica a cargo del Estado incorporando la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica como procesos indivisibles.
Sabemos que todo es perfectible, que hay voces honestas que consideran que la iniciativa propuesta por el Ejecutivo federal puede ser modificada, como las normas para la regulación del mercado y la permanencia de la Comisión Reguladora de Energía, y dichos cambios pueden ser bienvenidos siempre y cuando busquen potenciar el crecimiento del país y consolidar el uso de energías limpias para lograr una transición energética que beneficie a los consumidores, a la gente que realmente lo necesita. Esa es la única condición que estaremos considerando