UNA RED POLÍTICA Y CRIMINAL ASESINÓ A MARÍA ELENA FERRAL
LA PERIODISTA ORIUNDA DE VERACRUZ SE CONVIRTIÓ EN UN DOBLE OBJETIVO CUANDO ACEPTÓ SER CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, LUGAR QUE QUERÍA CONTROLAR EL GRUPO TOTONACAPAN, DE QUIEN ELLA CONOCÍA SUS CRÍMENES Y RELACIONES CRIMINALES
El 21 de marzo de 2018 a las dos de la tarde, la periodista María Elena Ferral recibió una llamada de su colega Leobardo Vázquez Atzin, dueño del portal
Enlace Informativo Regional. La voz al otro lado le dijo, casi sin respirar, que había recibido un mensaje por computadora que decía: “Te va a cargar la verga, marrano”.
Ferral le pidió unas horas a su amigo para juntar dos mil pesos y llevarlo desde el municipio de Gutiérrez Zamora hasta Xalapa, capital de Veracruz, para denunciar las amenazas y solicitar medidas cautelares para él.
Pero no le dio tiempo. Seis horas después, a las ocho de la noche, Elena lo llamó para decirle que saldrían temprano al día siguiente; sin embargo, quien contestó fue su esposa. Ivonne atravesaba una crisis nerviosa: “Lo acaban de venir a matar”, gritó.
Segundos antes de esa llamada, Leobardo, de 48 años, fue asesinado frente a su familia mientras sazonaba cebollas en el patio de su vivienda, donde por las noches vendía tacos para ayudarse con los gastos familiares.
“Me lo ganaron”, le dijo Ferral a otro compañero del gremio. A partir de ese momento emprendió una búsqueda con contactos de todo tipo, hasta que entregó a las autoridades nombres y apodos de los presuntos responsables: cuatro hombres ligados al cártel de Los Zetas.
La periodista simplemente resolvió el caso. Si algo había acumulado en 30 años de carrera, eran las mejores fuentes en todo el norte de Veracruz. Así ella se convir- tió en objetivo para ser asesinada.
Sus columnas fueron documentando la violenta lucha por los intereses en juego en un territorio en el que por décadas caciques han concentrado y heredado cargos públicos a familiares, y en el que destaca el Grupo Totonacapan, que constantemente expuso Ferral en sus textos. El 12 de marzo de 2020, en su sitio web
Quinto Poder de Veracruz, bajo el título “Polaca Totonaca”, Elena advirtió que la lucha por el poder (para las elecciones de 2021), esta vez, sería “encarnizada”. Y así fue: su crimen formó parte de esa disputa.
ALIANZA DE MEDIOS MX investigó, en el último año, las posibles causas que provocaron el asesinato de Ferral —ocurrido el 30 de marzo de 2020— y una de las más fuertes hipótesis es que los grupos de poder de la región consideraban necesaria su muerte.
El entramado de este caso hasta ahora involucra directamente a por lo menos 11 personas, que integran una red en el norte de Veracruz, una parte de ellas de alto perfil político-económico, en el que al parecer están involucrados policías y reporteros. A la fecha, seis personas han sido detenidas por el asesinato de Ferral, señalados como presuntos autores materiales. El resto —considerados autores intelectuales y cómplices—, están prófugos.
Las pesquisas y el cumplimento de las órdenes de captura se detuvieron. La responsable de investigar el crimen de Ferral, Marcela Aguilera Landeta (Fiscal de Investigaciones Ministeriales), tuvo una relación política estrecha con el presunto artífice de todo: Camerino Basilio Picazo Pérez. Ambos son políticos emanados del sector campesino del PRI.
Basilio Picazo es líder del Grupo Totonacapan, organización a la que Elena Ferral siguió la pista hasta su muerte, y acusó de cometer una serie de asesinatos en el municipio de Gutiérrez Zamora (donde ella nació) para ampliar sus dominios en ese feudo veracruzano.
Picazo fue exdiputado de Papantla, exalcalde de Coyutla y desde 2020 prófugo de la justicia, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista. Se trata de un personaje que ha ostentado el poder en los últimos 15 años, quien de acuerdo a testimonios expresó su repudio hacia Ferral, y mantiene una influencia política sobre quienes ahora lo investigan.
Otro personaje clave ligado al Grupo Totonacapan es Marcos Romero, integrante de una familia que ha gobernado el municipio de Papantla los últimos seis años (2014-2021).
El asesinato de la periodista fue el número 24 de los 25 que se han cometido contra comunicadores de Veracruz en los últimos diez años, en la entidad que es considerada la más peligrosa para la prensa en América Latina, según un informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.
En este reportaje, para el que fueron entrevistados familiares de la columnista, investigadores del caso, abogados; se revisaron distintos documentos judiciales y se consultaron posturas de personas ligadas a la red de vínculos, se muestran los entresijos de un crimen que desafió al primer gobierno de izquierda en Veracruz, el de Cuitláhuac García Jiménez, quien prometió acabar con la impunidad en los crímenes contra reporteros en el estado.
EL GRUPO TOTONACAPAN
Elena Ferral se refería en sus columnas al Grupo Totonacapan como los dueños del poder en Papantla y sus alrededores durante las últimas dos décadas. Y no mentía. Dos hombres figuran como pilares de esta organización: Basilio Picazo y Rómulo Salazar Macías (fallecido en octubre de 2021).
Picazo fue dos veces presidente de la Asociación Ganadera de Coyutla, la última hasta antes de que se fugara. También fue alcalde de ese municipio de 2001 a 2004; funcionario en el gobierno del priista Javier Duarte, y diputado por Papantla entre 2016 y 2018.
Los señalamientos de corrupción y abuso de poder contra Basilio se dieron desde los primeros meses de su administración como alcalde de Coyutla.
En 2004, el entonces síndico Miguel Alonso Vázquez y la regidora Hortensia Escudero, acusaron a Picazo por desvíos de recursos ante el Congreso de Veracruz y el Órgano de Fiscalización estatal. Ambos solicitaron la desaparición de poderes en Coyutla; sin embargo, no pasó nada y concluyó su cuatrienio, heredándoselo a su hermano Benito Picazo.
El 24 de abril de 2005, Miguel Alonso Vázquez ratificó su denuncia por corrupción contra Picazo. Trece días después, el exsíndico fue asesinado frente a su hijo de nueve años en la comunidad de San Andresito, Coyutla. Días antes del atentado, el político buscó a Elena Ferral para revelarle un dato: Había recibido amenazas de Picazo. “A mi mamá el síndico le declaró (en entrevista) que Basilio con un arma le dijo que lo iba a matar. A los pocos días lo matan”, contó Fernanda Ferral, hija de la periodista.
Ferral entregó la grabación de su entrevista con Alonso Vázquez a las autoridades que investigaban el crimen. Días después, hombres desconocidos dispararon contra ella afuera de su casa, hiriéndola en una pierna. “Por miedo no denunció”, aseguró su hija.
Dos exprocuradores de justicia de Veracruz —el hoy notario Emeterio López Márquez y Salvador Mikel Rivera (fallecido en 2015)— no lograron capturar a Basilio. Pero, además, en febrero de 2009, Mikel solicitó a un juez de Papantla la revocación de la orden de aprehensión girada contra Picazo y dio por concluidas las pesquisas. Fue el exgobernador, Fidel Herrera Beltrán, quien declaró que el crimen del exsíndico había sido esclarecido.
El entonces diputado y presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, Sergio Vaca Betancourt, pidió la renuncia del procurador Mikel Rivera y advirtió “intereses oscuros y políticos en favor del cacique de Coyutla”.
En cuanto a Rómulo Salazar, considerado otro de los líderes del Grupo Totonacapan, fue candidato a alcalde de Papantla por el PRI y diputado federal. Y también fue señalado por Ferral de un ataque en su contra en 2012. Aquella ocasión, hombres dispararon contra ella y su familia en una carretera de Papantla; la periodista impactó su carro contra un tráiler y sufrió diversas lesiones. Sus agresores, dijo entonces, huyeron.
Impunes, Rómulo Salazar y Basilio Picazo continuaron acumulando poder en la región Totonaca. Aunque no aparecían en boletas electorales o cargos públicos, sí lo hicieron sus hijos, sobrinas y hermanos.
LUCHA POR GUTIÉRREZ ZAMORA
En las elecciones de 2021, el Grupo Totonacapan no sólo pelearía por Papantla, sino que se extendería desde la costa hasta la sierra Totonaca.
Pero había un municipio donde este grupo no poseía el dominio absoluto: Gutiérrez Zamora. Allí, la lucha por el poder mutó en una pugna sanguinaria que vivió sus peores momentos meses antes de definirse las candidaturas de cara a los comicios.
Entre enero y mayo de 2020, ocurrieron tres asesinatos en este poblado de 25 mil habitantes. Las tres víctimas eran políticos o líderes regionales que hicieron
públicas sus aspiraciones por la alcaldía de Gutiérrez Zamora o que respaldarían algún proyecto político opuesto al del Grupo Totonacapan.
La periodista atribuyó estas muertes este grupo. “Esto que se observa es apenas el comienzo de la lucha por el poder, de aquellos caciques que no se detienen ante nada, ni ante nadie”, escribió.
A diferencia del pasado, Ferral ya no sólo escribiría de las elecciones en cada una de sus columnas, sino que sería protagonista. Había aceptado ser candidata a gobernar este municipio donde nació en el año 1968.
El análisis que apareció en sus colum- nas los últimos meses antes de su muerte, volvió a ser un presagio, pero esta vez de la suya. El 12 de marzo de 2020 la periodista escribió: “En este nuevo escenario político, la lucha por el poder será encarnizada (…) y sin lugar a dudas habrá más crímenes políticos en esta región”.
Tres días después de la publicación, el 15 de marzo, Basilio Picazo compartió en su Facebook un post de María del Carmen Álvarez Santiago, quien escribió: “Ella es María Elena #Fecal, perdón, María Elena Ferral”. Álvarez fue titular del Instituto Municipal de la Mujer en Coyutla, en el gobierno del sobrino de Basilio.
El mismo 15 de marzo de 2020, María del Carmen Álvarez se refirió a Ferral como “Hija de perra”. Picazo respaldó el post con un “Me gusta”. El 17 de marzo ambas discutieron en la red social y, además de intercambiar descalificaciones, advirtieron con denunciarse.
Catorce días después Elena fue interceptada y asesinada por dos hombres frente a una notaría de Papantla.
Ferral recibió tres impactos de bala que perforaron su hígado y pulmones. Murió después de horas de agonía en el hospital regional de Poza Rica.
OPERACIÓN DE UN CRIMEN
El 7 de mayo de 2020, Verónica Hernández, fiscal general de Veracruz, confirmó que fueron giradas órdenes de aprehensión contra 11 personas presuntamente involucradas con el crimen de Ferral. Uno de ellos, Basilio Picazo, como autor intelectual del crimen.
Ferral, dijo entonces, fue asesinada “por su labor periodística”. Seis hombres ya fueron detenidos, entre ellos un reportero, José N, quien fue señalado por facilitar información a un grupo criminal que asesinó a la periodista.
El asesinato de Elena Ferral quedó registrado en la grabación de un comercio de Papantla. Allí también fueron captados los rostros de dos testigos presenciales. Uno de ellos, Emmanuel Marut Sangreal, conversó por varios minutos con ella hasta que dos motociclistas la atacaron a quemarropa.
Marut aparentemente se careó con los dos asesinos; luego subió del lado del copiloto a un vehículo Jetta y se marchó del lugar, sin ayudar a la periodista o avisar a sus familiares, a quienes conocía. Este personaje, que prácticamente huyó, le ofreció a la periodista contender por Zamora por el PRI, siempre y cuando él fuera incluido como regidor primero.
Toda esta escena marcó el comienzo de una investigación que terminó por revelar nexos de 11 presuntos implicados con el Grupo Totonacapan, pero también la forma en que cada uno habría participado en el crimen de Ferral.
Uno de los sospechosos, quien aún no ha sido imputado por este asesinato, pero es investigado por la SSP, es Pedro Martínez Castillo, exdelegado de la Fuerza Civil en Papantla con el distintivo Apolo.
Él, confirmaron familiares de Ferral, sostuvo una relación sentimental con la periodista, quien le envió su ubicación en tiempo real y avisó que realizaría una diligencia en la notaría de Papantla donde fue acribillada, de acuerdo con una declaración rendida el 6 de abril de 2020, carpeta de investigación 016/PC/2020.
Fernanda Ferral se refirió a la relación de su madre con el delegado de la Fuerza Civil como riesgosa, porque, a pesar de que Ferral le confió a Apolo sus problemas con el Grupo Totonacapan, especialmente con Picazo, ellos se reunieron de manera privada, algo que el funcionario reconoció en su declaración.
La hija de la periodista cuestionó la manera en que Apolo justificó llegar media hora después al lugar donde mataron a Ferral.
“Él dijo que en esa ocasión conducía la patrulla, algo que nunca solía hacer. Además, del lugar donde él estaba a donde mataron a mi mamá pudo recorrerlo, sin problemas, en 10 minutos. Pero no fue así, tardó más de 30”, aseveró Fernanda Ferral.
Una persona importante en la investigación, también prófugo, es Jaime Núñez Aróstegui, alias El Ingeniero, quien, revelaron fuentes policiales, sería el dueño del arma que accionaron contra Ferral y es líder de un grupo de asaltantes y sicarios en esa región; además trabajó en el Ayuntamiento de Papantla en la dirección de Obras Públicas, en el gobierno de Mariano Romero.
A estos nombres se suma el de Efraín Rivera, exregidor séptimo en Papantla. Él es un líder taxista que pertenece al grupo político de Picazo, quien impulsó su carrera. Rivera dirigió la comisión de Tránsito y Vialidad y fue detenido en flagrancia el 25 de abril de 2020 por la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
Un año después, el 15 de mayo de 2021, a Rivera le fue ejecutada una orden de aprehensión por el asesinato de Ferral cuando salía del penal de Villa Aldama.
Después de más de 35 años de ejercicio periodístico, a sus casi 52 años, María Elena Ferral no tenía casa propia y era común que el dinero escaseara. Soñaba con comprar una casa junto al río Tecolutla, pero eso sólo podría ocurrir después de que su hija Fernanda, de 25 años, se graduara como abogada, y su pequeño hijo Luis como médico. Pero ahora está muerta.
LAS PREDICCIONES CUMPLIDAS
Lo predicho por María Elena Ferral en sus columnas terminó por cumplirse. A más de un año de su asesinato, y con los presuntos autores intelectuales libres, nueve políticos ligados a la red de vínculos salieron del anonimato y no sólo eso, compitieron en 2021 por alcaldías, diputaciones locales y federales a través de diferentes partidos políticos.
De Basilio Picazo nadie sabe. Pero su hermano, Benito Picazo, encontró alojamiento en Movimiento Ciudadano. Fue candidato a la alcaldía y ganó. El 1 de enero de 2022 sucedió a su hijo, Antonio. La dinastía acumulará cinco administraciones en 24 años, de los cuales 19 han sido controladas totalmente por el clan.
En la administración de Benito Picazo, María del Carmen Álvarez Santiago fue nombrada directora de la lengua Tutunaku.
Marcos Romero contendió por la alcaldía de Tecolutla como abanderado del PRD. El cacique fue desplazado hasta el tercer lugar. La ganadora fue Gabriela Valdez Santes, de la coalición Juntos Haremos Historia.
Pero no todo fue adverso para esta dinastía. La hija de Marcos Romero, Perla Romero, obtuvo una diputación local por el PRD, por la vía plurinominal. La sorpresa llegó tres días después de que ella tomó protesta, el ocho de noviembre de 2021, cuando anunció que abandonaba la fracción perredista para sumarse a la de Morena.
El anuncio lo presumió el líder de esa bancada, Juan Javier Gómez Cazarín. Desde entonces, Perla Romero se ha reunido con funcionarios del gabinete del gobernador Cuitláhuac García; el 17 de enero lo hizo con la secretaria del Trabajo, Dorheny Cayetano.
“En este nuevo escenario político, la lucha por el poder será encarnizada (…) y sin lugar a dudas habrá más crímenes políticos”