Los retos políticos del año que inicia
superan con creces a los enfrentados anteriormente: los diputados de Morena tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestra mano para recuperar un patrimonio de los mexicanos que en décadas pasadas fue puesto a merced de los privados por unos políticos ambiciosos y entreguistas, que se valían de los sobornos para aprobar sus tropelías.
Estoy hablando, por supuesto, de la nacionalización de la industria eléctrica, pensada y diseñada con el único objetivo de que la energía vuelva a ser del pueblo de México y no de las empresas extranjeras, como pretendieron EPN, Calderón y compañía.
A lo largo de estos meses, diversos grupos de personas, entre legisladores, dirigentes sociales y activistas ciudadanos, nos hemos dado a la tarea de organizar asambleas informativas sobre la importancia de la reforma eléctrica a lo largo de todo el país por dos motivos diferentes: el primero, fundamental, porque no podemos legislar alejados de nuestro pueblo como se hacía en el régimen pasado y, segundo, no por ello menos importante, porque las grandes transformaciones sociales no pueden ser sólo legales, también tienen que ser sociales y culturales, y toda la ciudadanía debe conocer los derechos que se buscan recuperar, para así poder defenderlos.
La reforma energética en 2013, que se aprobó en lo oscurito y de espaldas al pueblo, fue un regalo de las élites políticas a las grandes empresas extranjeras que les pagaban sus campañas electorales y que mediante la simbiosis de la corrupción se repartían suntuosos negocios. El ejemplo más claro es el de Felipe Calderón, quien fuera secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, cuando la luz subió un 90% de precio, y que tras salir de la Presidencia, fue contratado como consejero de Avangrid, una filial de Iberdrola, que le pagó 8 millones de pesos por sus “sabios” consejos: amor con amor se paga.
Aquellos que aprobaron la reforma energética de EPN con la promesa de bajar el precio de la luz para las familias, que inmediatamente aumentó, son los mismos que hoy se resisten a dar marcha atrás. Empresas millonarias como Repsol, Iberdrola y OHL invierten una gran cantidad de recursos a través de voceros oficiales y oficiosos que desvirtúan la información para perpetuar su gran negocio, a costa siempre del patrimonio nacional y del bolsillo de los mexicanos.
La 4T tiene el reto de llevar los cambios sociales a todos los rincones de la Patria, por eso estas reuniones, que la semana tuvieron
lugar en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez, contaron con una importante audiencia, dispuesta a conversar sobre la realidad política del país y la recuperación de la soberanía energética. Pudimos comprobar el interés de nuestra gente en que se les devuelva lo que nunca debió dejar de ser suyo; compartiendo con nuestros paisanos los puntos más relevantes sobre esta propuesta para que sean ellos mismos quienes exijan a sus representantes la manera en la que han de votar.
Nuestro estado —así como todo el Norte— ha sufrido los perjuicios de aquella reforma energética, con apagones masivos un año tras otro, con la energía a precios exorbitantes, causados principalmente por el poco interés de los privados en generar energía cuando los precios del gas suben de manera importante, y la CFE invariablemente tiene que salir a marchas forzadas a respaldar el abandono temporal de estas empresas. Lo puede hacer porque tiene una amplísima capacidad, pero representa altos costos para la empresa pública, que nos pertenece a todos los mexicanos, mientras los privados no pierden un solo peso.
Cabe mencionar que es de especial interés el contenido de la reforma para los chihuahuenses, ya que en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica también se incluye la nacionalización del litio y el nuestro es uno de los estados con mayor cantidad de reservas de este mineral imprescindible en el tránsito hacia las energías limpias, como la creación de energía eólica y solar; en baterías para autos eléctricos, teléfonos celulares, computadoras y toda clase de dispositivos electrónicos. Es el mineral del futuro y debe ser garantizada la propiedad de los mexicanos sobre él.
El sistema eléctrico es la base de toda la actividad económica que mueve al país, y ello le convierte en un asunto de seguridad nacional que precisa de una lucha por la recuperación de nuestros recursos. La lucha seguirá y continuaremos con las asambleas informativas para dar a conocer los beneficios de la reforma eléctrica, hasta que la electricidad a precios accesibles sea un derecho efectivo de todos los mexicanos.