Nuestro país lleva años,
muchos años intentando combatir la corrupción para que el dinero que es de todas las personas alcance para ir solventando los problemas que tenemos. Este ha sido un gran recorrido que lleva muchas batallas ganadas, pero aún son más las batallas pérdidas.
Cuando dijimos que estábamos hartos de ver impunes a las personas que habían cometido algún descarado acto de corrupción, entonces nos dimos cuenta de que los actos de corrupción no estaban tipificados como delitos en la constitución mexicana y por eso tuvimos que pedir un sistema anticorrupción que reformara varias leyes para poder ver a personas sancionadas o incluso en la cárcel por robar dinero de la ciudadanía.
Luego tuvimos que convencer a la gente de seguir en esta lucha para poder ahora vigilar a las instituciones que imparten justicia en materia anticorrupción para que en realidad hicieran su trabajo y aplicaran la ley sin distingos ni preferencias. Aquí ha sido muy complicado por todo lo que representa a una persona enfrentarse a un sistema político que saca del propio sistema a los que quieren cambiarlo. Aun así, se ha ido avanzando.
Pero luego vienen grandes decepciones. Basta un ejemplo como el que logró Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública federal, donde le fue impuesta una sanción por haber desviado dinero de la ciudadanía para darlo a su partido político. En palabras guindas, robar dinero al pueblo para darlo al movimiento. La semana pasada fue notificada la sanción, lo cual significa que se comprobó que ella cometió el delito, y aun así no hubo respuesta de su parte ni del gobierno federal para mínimo removerla de su cargo.
Debemos tener conciencia que aplicar la ley en un acto de corrupción es complicadísimo porque poder comprobar un acto implica un grado de perfección en las carpetas de investigación, con pruebas que son muy complicadas de obtener
La semana pasada fue notificada la sanción, lo cual significa que se comprobó que ella cometió el delito, y aun así no hubo respuesta de su parte ni del gobierno federal para mínimo removerla de su cargo.
para poder lograr una sanción. Además, el valor de los ministerios públicos y jueces para hacer su trabajo pese a amenazas es un acto heroico en este país.
El problema es que cuando vemos acciones como la de Delfina tiene doble perjuicio social. El primero es que la persona que cometió el acto sigue activa y sabe que no pasa nada si lo vuelve a hacer y la segunda es que desmoraliza a las pocas personas que realmente están luchando por cambiar este país a través del combate frontal a la corrupción.
¿Ahora quién denunciará? ¿Qué ministerios públicos se atreverán aventarse una investigación de estas? ¿Qué incentivos tiene un juez para dictar una sentencia de este calado? ¿Cómo le dices a la ciudadanía que sí se puede combatir la corrupción en la política mexicana? ¿Cómo mantienes la esperanza? Este tipo de preguntas son las que debemos pensar cuando vemos que la impunidad llega, aun con sentencias en la mesa. Por más morenista que seas, esto es indefendible. Casos como este están en todos lados y en todos los partidos, todos conocemos alguno y lo más peligroso es cuando callamos. Basta una Delfina para destruir un país.