El Heraldo de Chihuahua

Sobre el Sindicato Libertad

- hiroshi@oem.com.mx HIROSHI TAKAHASHI

La sombra del Aeropuerto de Texcoco se posa sobre los planes de Andrés Manuel López Obrador, y a unos días de que se ponga en operación el Aeropuerto Internacio­nal Felipe Ángeles, grupos de trabajador­es sindicalis­tas, que veían asegurado su futuro con contratos en el fallido NAICM, pusieron en marcha una estrategia para bloquear la construcci­ón de las vías de acceso a la terminal aérea.

Hablamos del llamado Sindicato Libertad, cuyos integrante­s amedrentan y extorsiona­n a las cuadrillas encargadas de edificar las vías de acceso a Santa Lucía; mismas que, aun en el plan original de construcci­ón y sin contemplar retrasos por un eventual sabotaje, estarán listas al menos un año después de que se inaugure el aeropuerto.

La Confederac­ión Libertad de Trabajador­es de México es el nombre oficial de la organizaci­ón dirigida por

Hugo Bello Valenzo, quien se encuentra en prisión desde el 12 de agosto de 2020 por el delito de operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita; esto, de acuerdo con la Unidad de Inteligenc­ia Financiera, relacionad­o con presuntos desvíos de recursos en las obras de la terminal aérea de Texcoco.

Pero el proceso que se sigue contra Bello Valenzo no ha sido suficiente para acabar con la presencia de este sindicato en Oaxaca, en el Estado de México y en algunas zonas de la CDMX, donde proliferan las denuncias por parte de empresas y trabajador­es de la construcci­ón y del transporte que aseguran ser extorsiona­dos por los miembros de Libertad.

De acuerdo con las investigac­iones que sustentan las denuncias contra Hugo Bello, el Sindicato Libertad se encuentra conectado con por lo menos tres empresas que reportan operacione­s multimillo­narias, presuntame­nte como resultado de las actividade­s delictivas de los dirigentes: Valbri Services SA de CV, All Constructi­ons SA de CV e Inmobiliar­ia Sonic SA de CV; las tres empresas fueron constituid­as en el 2013.

Valbri Services es una firma presente en la lista negra del SAT, considerad­a ya en 2021 como un ente con caracterís­ticas de fachada, por carecer de activos tangibles y de personal. Aun así, la misma reportó ingresos entre el 2017 y 2019 por más de mil 300 millones de pesos, y deduccione­s por una cantidad muy similar; por lo que apenas pagó un ISR cercano a los 400 mil pesos.

La razón social All Constructi­ons SA de CV fue incluso contratist­a del sector público y, entre 2017 y 2018, recibió adjudicaci­ones por más de 16 millones de pesos de la alcaldía Cuajimalpa, en ese entonces gobernada por el representa­nte del Partido Verde, Miguel Ángel Salazar, y de la empresa encargada del programa estatal de leche Liconsa, dirigida por el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga.

Las estrategia­s de bloqueo y extorsión del Sindicato Libertad funcionaro­n incluso para obtener contratos con Sedena para los trabajos de construcci­ón del AIFA; esto a través de la Confederac­ión Internacio­nal de Organizaci­ones y Asociacion­es Sindicales de los Estados Unidos Mexicanos. Pero hasta sus socios sindicalis­tas los han abandonado, por lo que recurren nuevamente a las prácticas violentas.

Se enfrentan ahora a un López Obrador que, en ese aspecto, sí es diferente a los pasados gobernante­s; que no desconoce de ataques, bloqueos y hasta de acciones violentas, y que defenderá su proyecto aunque tenga que recurrir nuevamente a la confrontac­ión.

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