Incumplirá México meta climática
Recomiendan retirar el 35% de su parque vehicular para compensar sólo la mitad de los daños a los bosques
WASHINGTON. Brasil, Colombia, México y Perú no podrán cumplir con sus objetivos climáticos para 2030 a no ser que protejan las tierras de las comunidades indígenas, concluye un informe presentado tras analizar los cuatro países más boscosos del Amazonas.
Para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados, la comunidad internacional debe tomar en cuenta las tierras de los pueblos indígenas
y las comunidades locales (PILC), afirma el informe elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales y Climate Focus.
El 92 por ciento de las tierras boscosas de los PICL de los cuatro países son sumideros netos de carbono (almacenan más del que emiten) y cada hectárea captura hasta 30 toneladas de carbono al año.
En promedio "capturan más del doble de carbono que las no indígenas" debido a sus prácticas tradicionales y sostenibles y al hecho de que en gran parte son bosques vírgenes. Los autores estiman que si no se aplican medidas para proteger las tierras boscosas de los PILC en estos países "se tendrían que llevar a cabo acciones drásticas prácticamente imposibles en otros sectores".
El organismo pone como ejemplo a México, que tendría que retirar el 35 por ciento de su parque vehicular para compensar la pérdida de solo la mitad de los servicios de captura de carbono que proporcionan los bosques que están en manos de los pueblos indígenas y comunidades locales".
El caso de Brasil y Colombia tendrían que retirar el 80 por ciento de su flota, pero el caso más drástico sería en Perú, donde se tendría que cancelar la circulación de todos sus automóviles.
En los cuatro países, responsables del 5.1 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, "estas tierras están bajo la amenaza constante de la ganadería, la minería y la tala de árboles, que en gran parte es ilegal y está vinculada a la corrupción y la complicidad entre los gobiernos y los actores ilegales", denuncia el estudio.