De justicia retributiva a justicia restaurativa
El pasado jueves 21 de abril, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) divulgó en un link de Zoom la presentación de un libro intitulado “La investigación penal en México”, en coautoría con la doctora experta en Derecho Penal Patricia González, a quien conocí e hicimos amistad cuando fungió como procuradora de Justicia de Chihuahua, de 2006 a 2012.
El programa más relevante de la exposición, desde mi punto de vista, fue el cambio de paradigma de la justicia retributiva a la justicia restaurativa, que fue el eje fundamental de ese libro, que la ONU define “es un proceso para resolver el problema de la delincuencia enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto”, con el cual se estableció en el artículo 20 constitucional el nuevo modelo de justicia penal en junio de 2008. La referida reforma constitucional, empero, duró un plazo de 8 años para implementar a las entidades de la República el sistema de justicia penal oral, no impositivo.
No obstante, una década después (2018) la realidad no ha demostrado una situación procesal inconclusa en lo que se refiere la reparación de los daños de las víctimas u ofendidos. Consecuentemente, el número de asuntos que llegan a proceso es menor en relación con los procesos llevados a cabo en el sistema procesal mixto.
También persiste la escasa e incluso nula capacitación de los policías para la investigación del delito, sobre todo en las técnicas de la protección de la escena del crimen y recolección de indicios, Las medidas alternas no se han entendido como una forma de resolver problemas de fondo, sino como un instrumento para beneficiar al imputado. Por si fuera poco, la sociedad en general e incluso algunos litigantes no conocen a fondo lo que debe entenderse como justicia restaurativa. La justicia restaurativa se centra más en la reparación y menos en el castigo; es una relectura en el tratamiento del delito, en el que éste se convierte en un conflicto, otorgándole a la víctima la parte infractora y la comunidad de apoyo, el protagonismo en la solución del conflicto. En síntesis, contempla al delito de un modo distinto al de la justicia retributiva enaltecida en el sistema actual de justicia. Busca responder al delito de una manera constructiva, partiendo de la tesis que es necesario el reconocimiento de las víctimas y sus derechos, de una solución basada en la reparación del daño y no en la venganza, sino en la necesidad de las partes y la construcción de un derecho de paz.
El proceso de la justicia restaurativa es un eje fundamental para enfrentar la macrocriminalidad impulsada por la delincuencia y el narcotráfico e instalar una cultura y contexto social de paz y seguridad.
La transformación del sistema de justicia penal retributiva a la restaurativa debe realizarse, desde mi punto de vista, por la investigación criminal del contexto social, la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad.
Desde que la maestra Patricia González asumió la Procuraduría de Justicia de Chihuahua e implementó los juicios orales, dejó en claro que era obligado “ofrecer una justicia penal transparente, rápida y eficiente con expertos de mediación, negociación, en técnicas de conciliación de la justicia restaurativa”. Destacó que los juicios orales “van a tener un gran éxito sobre todo por la brevedad del procedimiento, pues en una o dos audiencias una persona imputada de un delito, podrá recibir sentencias, y las víctimas se van a ver resarcidas por el daño material y psicológico”. No se equivocó. Desde el inicio de su arribo la Procuraduría de Chihuahua afrontó el alarmante número de 58 feminicidios cometidos en Cd. Juárez de mujeres brutalmente mutiladas y no identificadas ni en el Servicio Médico Forense, ni las fosas comunes donde se localizaron.
La procuradora tuvo que buscar a cada una de las familias de las mujeres desaparecidas para revisar muestras de sangre de sus parientes y también para hacer identificar los cadáveres localizados en fosas. Me consta porque un servidor y otros compañeros periodistas hicimos una investigación e informe periodístico de las mujeres asesinadas en Cd. Juárez, solicitado por la directora del recién creado Instituto Chihuahuense de la Mujer, que mereció el reconocimiento de las Naciones Unidas. A partir de entonces, la procuradora reestructuró el sistema penal y generó una perspectiva de combate a la violencia de género y la violencia doméstica, que su antecesor durante todo su periodo desdeñó con el argumento de que “las mujeres muertas en Cd. Juárez se lo merecían porque andaban en minifalda y escote”.
Veremos y diremos si la justicia restaurativa se consolida más temprano que tarde.