Scherer denuncia penalmente a Gertz
Lo acusa de presunto tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa
CDMX. Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, presentó una denuncia penal en contra de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por el presunto delito de tráfico de influencias.
De acuerdo con el acuse de la denuncia, al que
tuvo acceso, la querella fue presentada el 22 de abril ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la propia FGR, en la que también se denunciaron los presuntos delitos de coalición de servidores públicos, asociación delictuosa y lo que resulte.
En la denuncia se incluye como coimputado a Juan Ramos López, subprocurador de Control Competencial de la Fiscalía, y a otros tres servidores públicos, quienes según Scherer “utilizaron su poder y sus cargos para convertir a la Fiscalía General de la República en un aparato público que únicamente ha funcionado y funciona para ejecutar las venganzas personales de su titular”.
“Hoy los ‘enemigos’ del titular de la Fiscalía General de la República son el único blanco de justicia, su justicia. Prueba de ello son las diversas investigaciones (fabricaciones), persecuciones y pesquisas que ha iniciado en contra de su familia política, de científicos, de personajes relacionados a la UDLAP, de mujeres, empresas empresarios y otras personas que son ajenas a su visión o a sus intereses”, acusa Scherer.
La relación entre ambos funcionarios adquirió mayor relevancia el mes pasado, cuando se filtraron los audios de una llamada entre Gertz y Ramos en la que se evidenciaba la presunta intervención del segundo para litigar asuntos personales del fiscal ante la Suprema Corte.
En específico, se habló sobre los amparos interpuestos por Laura Morán y Alejandra Cuevas, familia política del fiscal que eran acusadas por el presunto homicidio del hermano del fiscal, pero que finalmente fueron exoneradas por el Máximo Tribunal.
Sobre este caso hace unas semanas el exconsejero presidencial publicó en el semanario Proceso una carta en la que aseguró haber sido víctima de “hostigamiento y persecución” por parte del fiscal y la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que desembocó en al menos dos investigaciones penales en su contra.
Según el testimonio de Julio Scherer, esta persecución en su contra explotó precisamente por el hecho de que desde la consejería jurídica se negó a ayudarle a frenar ese litigio.
“Lo pidió el fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal”, escribió Scherer.
Ahora, en su denuncia, Scherer asegura que de lo expuesto se desprende que el fiscal “salvo error de apreciación del suscrito, habría cometido el delito de tráfico de influencia, previsto en el artículo 221 del Código Penal Federal” que establece de dos a seis años de prisión para quien cometa este delito.
Por este hecho, asegura Julio Scherer, el fiscal Gertz Manero ahora “pretende relacionarse con hechos fabricados y productos de intercambios ilícitos de la FGR con particulares en casos relevantes para que interpongan denuncias en mi contra a cambio de obtener cancelaciones de órdenes de aprehensión o para que les sean aprobados criterios de oportunidad a su favor”.
En específico habla que derivado de estas acusaciones se han iniciado en su contra dos investigaciones con motivo de denuncias presentadas por los licenciados Paulo Diez Gargari, Juan Ramón Collado Mocelo y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, entre otros, por delitos que negó de manera categórica.
Por este asunto Scherer también denunció a los tres fiscales de la FGR que buscaron imputar los delitos de tráfico de influencias, extorsión, lavado de dinero y delincuencia organizada a los abogados César Omar González Hernández, Juan Antonio Araujo Rivapalacio, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, relacionados al exconsejero.
Se trata de Adriana Campos López, fiscal de Asuntos Internos de la FGR; Manuel Granados Quiroz, fiscal de asuntos especiales, y María Eugenia Castañón Osorio, ministerio público, quienes incluso pidieron más de 40 años de prisión para los cuatro litigantes en un caso que no ha podido prosperar.