EL ESPECTADOR
Violencia es por el control del dinero de la Cruz Azul
El grupo de cooperativistas encabezado por
y solicitó el aseguramiento físico de la planta de cemento ubicada en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, desde marzo del 2021.
A través de un escrito, dirigido al subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, denuncian que un grupo modificó ilegalmente el procedimiento de entrega de cemento de la cooperativa, para cobrar y dispersar los recursos a empresas que facturan presuntamente con operaciones simuladas.
Otro grupo de cooperativistas, encabezado por
tiene el control de la planta de Tula.
La denuncia dice que La Cruz Azul nació como marca en 1881, en el estado de Hidalgo y se convirtió en una sociedad cooperativa en 1931, dedicada principalmente a la producción de cemento.
La cooperativa, cuya sede se encuentra en avenida Periferico Sur 5550-5, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán, es la encargada de diseñar la programación mensual para que su red de distribuidores pueda disponer de los productos que se fabrican en las distintas plantas, tanto en aquellas propiedades de la cooperativa, como en las que tiene participación a través de sus filales Cementos y Concretos Nacionales y CYCNA de Oriente.
“Los distribuidores de cemento reciben al inicio de mes su programación con las órdenes de venta, para que puedan retirar el cemento de las diferentes plantas, para posteriormente pagarlo a las cuentas de la cooperativa, las cuales les son indicadas en el portal oficial JD Edwards de la cooperativa para los distribuidores. Es decir, el proceso se encuentra totalmente sistematizado”, explican en la denuncia.
“El citado procedimiento ilegal para el despacho de cemento consiste en que se emita un formato de remisión en cada una de las distintas plantas, que es un papel que no ingresa a sistema alguno dentro de la cooperativa, con el que se valida la entrega del producto al distribuidor, sin que el mismo sea cargado en el sistema, facturado y mucho menos pagado a las cuentas bancarias de la cooperativa. Igualmente el volumen de cemento entregado es decidido a discreción en las respectivas plantas de cemento, sin respaldo o registro en los sistemas correspondientes”, agrega el documento.
Señalan que en detrimento del patrimonio de la cooperativa se han beneficiado a varias empresas y personajes, a través de la venta ilícita de miles de toneladas de cemento, que no se registran en el portal de JD Edwards.
Para desactivar este esquema, solicitaron a las autoridades congelar las cuentas de LASOID Group; Depósitos San Francisco; Cementos y Agregados Zumpango; Distribuidora de Cemento Azul de Michoacán; Aceros y Cementos Atenco; Cementos el Quinto Sol Marbet; Aceros y Materiales La Providencia; Anabel Sánchez Melo; Ferretera de Actopan; Trimar Mayoreo; Bertha Eudocia Barrón Hernández; Grupo Desarrollador de Proyectos e Innovación; Domingo Meza González; Karina Pedroza Aguilar; Luis Alejandro Ortega de la Peña; María Dolores Santana Ramos; Materiales Lolugago; Alma Lizeth Márquez Salazar; Marisol Pérez Hernández; Luis Palmas González, y muchos personajes y empresas más, hasta por la cantidad de 194 millones 315 mil pesos.
Son algunas de las firmas que han recibido depósitos y pagos y que no tienen nada que ver con la Cooperativa La Cruz Azul, dicen los cooperativistas que quieren recuperar el negocio.
TAMPICO. Úrsula Salazar Mojica, diputada local de Morena en Tamaulipas y sobrina del presidente López Obrador, presentó ayer una denuncia ante el Instituto Electoral estatal por violencia política contra la mujer en razón de género y solicitó medidas de protección.
La diputada local dijo sentirse en peligro por lo que pidió que la Guardia Nacional o el Ejército le brinden alojamiento