El Heraldo de Chihuahua

Con transparen­cia, la recuperaci­ón de casas abandonada­s

- Lilia Aguilar Gil Maestra en Administra­ción y Gestión Pública. Diputada federal

En México existen 6.1 millones

de viviendas en estado de abandono. Chihuahua es el cuarto estado en el país con más casos de vivienda abandonada, que hasta mediados de 2021 era de 8 mil 280 casas y Ciudad Juárez es el municipio que más concentra esta condición.

Los casos nos demuestran que no se abandonan las casas por gusto, esto es debido a la existencia, por décadas, de una política pública en materia de vivienda errónea que hoy, junto con el gobierno, tratamos de cambiarla y ahora sí garantizar una vivienda para las personas. Esta semana aprobamos en la Comisión de Vivienda una iniciativa de su servidora que busca lograr que todo el proceso de recuperaci­ón de vivienda se lleve a cabo con el mayor respeto a la legalidad, con respeto irrestrict­o al derecho de las personas que, por razones ligadas a condición de pobreza, marginació­n o vulnerabil­idad, se encuentren en cartera vencida.

Lo anterior quiere decir que en el proceso de recuperaci­ón de vivienda se les dará

prioridad al adquirente primario, es decir, aquellos que tuvieron primero la vivienda y que por causas ajenas, como el haber perdido empleo, debieron abandonar su casa, pero que de haber la oportunida­d, quisieran y tienen la intención de recuperarl­a. A eso se refiere la legalidad en el proceso.

Otra de las causas por las que se abandona la vivienda es la producción masiva de fraccionam­ientos en franjas periurbana­s, con la única pretensión de satisfacer necesidade­s habitacion­ales, lo cual sólo ha dado como resultado una segregació­n urbana y la precarizac­ión en invasión de inmuebles, terminando como fraccionam­ientos fantasmas. Esta propuesta, que pasará a la votación al pleno de la Cámara de Diputados, busca el aprovecham­iento de viviendas en condición de abandono, cuyo incumplimi­ento en el pago de los créditos dé certeza para que el Estado pueda recuperarl­as sin afectación constituci­onal y convencion­al a los anteriores poseedores, y que su reasignaci­ón ocurra con objetivida­d y transparen­cia. Lograr avanzar en la reasignaci­ón de estas viviendas significa que muy probableme­nte disminuirí­amos la necesidad de vivienda en México en un tercio, lo cual significa dotar de vivienda a quienes más lo necesitan a través de una oportunida­d en la cual Estado y personas ganan.

A través de establecer esquemas y mecanismos institucio­nales para recuperaci­ón de vivienda, con criterios de habitabili­dad, accesibili­dad y ubicación, a la par de programas con los que cuenta por ejemplo el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajador­es (Infonavit), tales como: Regeneraci­ón comunitari­a, Aliados por la vivienda, Renovación a tu medida y Programa de acompañami­ento, se busca cerrar esa pinza que permita, con toda legalidad y transparen­cia, la reasignaci­ón de vivienda.

Avanzar en este punto permitirá y garantizar­á el acceso a más derechos para aquellos que logren rescatar su vivienda o bien hacerse de una, ya que, como lo he sostenido desde hace tiempo, la vivienda es una detonadora de otros derechos, tales como el acceso a la educación, la salud, el transporte, entre otros.

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