Controversia y politización en proceso
Desde que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador asumió el poder Ejecutivo, los magnates neoliberales, medios de comunicación, partidos opositores y sus legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado lo han criticado, insultado y agredido a lo largo de su sexenio.
De entrada, los partidos del PAN, PRI y PRD se manifestaron contrarios y contrapuestos a las políticas sociales de la Cuarta Transformación y generan incertidumbre a los ciudadanos y debates superfluos en torno a los programas del gobierno, entre ellos el de la salud y educación, el Aeropuerto Internacional de Texcoco, el Tren Maya y desde luego el incremento de las pensiones, los salarios de los trabajadores, sembrando vidas y desde luego la reforma de la Comisión Federal de Electricidad y la del litio. En el ámbito político-electoral se coaligaron los partidos referidos líneas arriba con el fin de ganar espacios en el poder Legislativo con el apoyo y “cobertura democrática” del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las cuales determinaron desechar las impugnaciones en contra de la Consulta de la “Revocación del Mandato” del presidente de la República que obtuvo el 90% de la votación a su favor, debido a que el ejercicio referido (17 millones de votos) “no alcanzó la votación requerida del 40%, de la lista nominal, por lo que legalmente no es vinculante”, a consecuencia de la cancelación de casillas que el INE boicoteó con ese propósito. Les salió el tiro por la culata. El presidente ipso facto promovió una reforma electoral para reestructurar esos “organismos”. Propuso desaparezca el Instituto Nacional Electoral y se cree el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); se cancelen los 32 Institutos Estatales Electorales de la República, y sus tribunales estatales electorales para esta función se concentren sólo en el Tribunal del Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y no sólo eso, refirió que eso lograría ahorrar 24 mil millones de pesos, incluyendo la cancelación de las prerrogativas para gastos ordinarios de los partidos cuando no haya elecciones. El costo pasó de 13 mil millones de pesos en 1999 a 68 mil 300 millones de pesos en 2022; incluye a todas las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales. En 2021 se asignaron 13 mil millones de pesos a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), los cuales el presidente busca eliminar a la par de las diputaciones plurinominales, con la nueva reforma electoral. Conforme a la “austeridad republicana”, que el presidente desde el inicio de su mandato promovió, señaló que, “el INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones
absorberían las de los Órganos Públicos Locales (OPLE), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República, a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleven a cabo los ejercicios de la democracia directa que prevén la Constitución y las leyes”. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y especialista electoral, Pablo Gómez, en la conferencia mañanera del miércoles pasado, señaló que la reforma electoral que promueve el presidente pretende cancelar a los partidos las prerrogativas del 66% de su gasto ordinario, que es uno de los temas que generan mayor indignación en la opinión pública por la millonaria cantidad de recursos del erario, que año con año son integrados a los partidos políticos nacionales y locales para el sostenimiento de sus estructuras y la obtención del voto”, esto es, 11 mil millones de pesos para financiar a la burocracia partidista.
En síntesis: El erario sólo financiaría a los partidos en campaña nada más, con la reforma electoral propuesta.
En la exposición de motivos se descalifica también la actual estructura operativa del INE que depende del Consejo General, la Junta General Ejecutiva, el órgano Interno de Control, 32 Comisiones Locales y 32 Juntas Distritales, todas las cuales son “onerosas, burocráticas y marcadamente ineficientes para cumplir con sus funciones de garantizar elecciones libres”. Además, informa que los consejeros electorales pasarán de 11 a 7 y serán elegidos por un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión.
La reforma electoral referida también buscará eliminar a todos los senadores plurinominales y reducir también una parte significativa de diputados de representación proporcional. Como es sabido, la Cámara de Diputados se encuentra integrada por 500 legisladores; 300 electos por mayoría relativa (uninominales) y 200 electos por el sistema de representación proporcional (plurinominales) de los partidos según el porcentaje del INE. Veremos y diremos si de la convergencia y la politización en proceso se deriva una confrontación del neoliberalismo con la 4a Transformación, esto es, “un choque relativamente violento entre fuerzas opuestas”. Se los dejo a su criterio.