La gestión hídrica integral en las ciudades
En el esquema tradicional de suministro
de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales se buscaba crear ciudades con buenos servicios y se consideraba que los servicios eran adecuados si se proporcionaba el agua que requería la población, y si se captaban y trataban las aguas residuales para verterlas nuevamente a los cauces, con el fin de que se usaran por otras poblaciones.
Posteriormente, se evolucionó hacia el concepto de ciudades habitables y luego a ciudades resilientes, lo que implica gestionar el agua pluvial de manera adecuada para evitar inundaciones. Actualmente, una visión más amplia considera como objetivo central que el acceso humano al agua potable y al saneamiento, en forma suficiente y asequible, más que un servicio es un derecho universal, que todas las personas cuenten con una mejor calidad de vida en la que se protejan e integren los entornos naturales.
En esta visión se reconoce que las actividades de las ciudades afectan a la cuenca y su entorno natural, así como las actividades que se desarrollan en la cuenca por los diferentes sectores, como el agrícola, forestal o ganadero, afectan a las ciudades.
Se considera que las cuencas son entes vivos y dinámicos donde se realizan diferentes procesos de manera natural, en los que se mantiene cierto equilibrio.
Un ejemplo de ello es el ciclo natural del agua o ciclo hidrológico.
Al entorno natural se incorporan las ciudades, que deben utilizar los recursos naturales para crear opciones de bienestar, de desarrollo social y de desarrollo económico, cuidando que dicho aprovechamiento sea de manera sustentable.
Las ciudades se perciben como una fábrica que utiliza diversos insumos y genera productos y también residuos; la mayoría de los insumos provienen del entorno natural y la mayoría de los residuos se depositan en él, por lo que es importante que se viertan de manera adecuada para evitar dañarlo y contribuir así a garantizar su preservación y la propia viabilidad de la ciudad.
Garantizar el acceso al agua potable para uso personal y doméstico, así como al saneamiento, implica necesariamente mirar hacia los servicios públicos, a cargo de los municipios y de los estados de manera subsidiaria o supletoria.
Esto es, se requiere de la coordinación institucional para el cumplimiento de las atribuciones y las obligaciones de los concesionarios que autogestionan y administran los servicios de agua potable y alcantarillado. La Ley de Aguas Nacionales establece que parte de las atribuciones de la Conagua por los organismos de cuenca son: fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional en coordinación con los gobiernos estatales, y a través de éstos, con los municipios.
De igual forma, se considera indispensable mantener en buen estado los ríos, lagos y manantiales para que sean fuentes de abastecimiento confiables, libres de contaminación, en las cuales florezcan también el desarrollo turístico, inmobiliario, de recreación y esparcimiento, ya que son aspectos también necesarios para el bienestar y buen vivir de la población.