Quitarían lo “vitalicio” a penas por extorsión
El ministro de la SCJN Juan Luis González Alcántara lo propondrá mañana por considerar desproporcionado el castigo
Luego de que por varios años el estado de Chihuahua logró eliminar prácticamente el delito de extorsión en las calles al incrementarse la penalidad a hasta 70 años de prisión, el día de mañana el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, presentará la propuesta para declarar inconstitucional este castigo, lo que podrá reducir la sentencia para quienes cometan la extorsión en el estado.
Con esta medida se dejará de sancionar con penas elevadas a aquellas personas que incurran en este delito y además podría impactar en por lo menos 66 extorsionadores que se encuentran compurgando una pena; asimismo podría generar un incremento del delito de parte de presuntos delincuentes provenientes de otras partes del país.
El fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, dijo que las penas a extorsionadores deben ser severas, y que en su momento se pueden analizar algunas hipótesis para sancionar con menor grado a aquellos que no integren bandas del crimen organizado, pero reconoció que las penas altas casi eliminaron el delito en el estado, cuando éramos uno de los más afectados en 2010.
Por parte de Coparmex, Ignacio Manjarrez explicó que en caso de haber cambios en las penas
26 mil MILLONES DE PESOS dejó este lucrativo delito en ganancias a bandas del crimen organizado en dos años: Coparmex
por extorsión, se debe impulsar una Ley General de Combate a la Extorsión para evitar que siga al alza, pues en dos años el delito creció en un 86% y generó para las bandas delincuenciales al menos 26 mil millones de pesos en el país, según los datos generados por el propio INEGI.
Este miércoles en sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se someterá a discusión, análisis y votación del Pleno el proyecto que pretende declarar como inconstitucional la pena de 30 a 70 años de prisión a extorsionadores en Chihuahua, de quedar firme esta modificación podría impactar en 66 personas que han sido sentenciadas por este delito dentro del estado de Chihuahua.
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara considera que debe de declararse inconstitucional y, por ende, debe ser modificada la pena, ya que considera elevado el número de años que una persona debe estar recluida en un Cereso estatal por el delito de extorsión.
En 2010 la extorsión en el estado de Chihuahua fue uno de los delitos que afectó en gran parte a la ciudadanía, lo que motivó la iniciativa ante en el Congreso del Estado, de elevar la pena de 30 a 70 años, lo que derivó en que gradualmente se redujera el índice de este tipo de delitos.
La última reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua en el delito de extorsión fue el 15 de noviembre de 2014, donde se establece el artículo 204 Bis, el cual señala lo siguiente en su segundo párrafo: Se impondrá prisión de treinta a setenta años cuando en la comisión del delito se dé alguna de las siguientes modalidades, que se logre que la víctima o un tercero entregue alguna cantidad de dinero o algún bien u objeto para evitar el daño con que se amenaza.
Que se cometa en contra de menor de edad o persona mayor de setenta años; o intervengan dos o más personas; o que el activo se encuentre armado o porte instrumento peligroso; o se emplee violencia física, por mencionar algunas.
En caso de que se declare como inconstitucional el artículo antes referido, el Congreso local de Chihuahua tendrá que realizar la adecuación en los términos y parámetros que la Corte determine.
SIETE VINCULADOS EN 2022
La Fiscalía de Distrito Zona Centro tiene un registro de enero a abril, de 7 vinculaciones a proceso por este delito, se han dictado dos sentencias condenatorias y en esos cuatro meses del presente año también se han detenido a nueve personas por haber cometido estos hechos.
Incluso la misma corporación es la única en todo el país que se hace cargo de investigar y perseguir a extorsionadores y defraudadores, que operan en otros estados y que están afectado a chihuahuenses por medio de nuevos métodos extorsivos que se han venido generando a través de los avances tecnológicos.
La base a las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos a Través de Medios Tecnológicos y Extorsión de la Fiscalía General ha detectado que se han incrementado la comisión de delitos patrimoniales a través de Medios Tecnológicos como lo son la extorsión, fraude y robo en los últimos meses.
A través de los trabajos que ha realizado la corporación dentro y fuera del estado, han logrado la captura de más de cien imputados, detectando que el fraude telefónico se comete desde el interior de los penales de Guadalajara, Jalisco; aún y cuando la unidad ha logrado la detención mediante orden de aprehensión de diversos imputados en el estado de Jalisco, no se ha bajado el índice delictivo.
Parte de lo que ocasiona que los indicadores no se reduzcan, son todas las salidas alternas como lo es el acuerdo reparatorio, suspensión condicional y perdón, que permiten que los detenidos puedan quedar en libertad y volver a reincidir en el mismo modus operandi.
FRAUDE Y ROBO, VARIANTE
Otro de los delitos que se detectan es el que se comete a través de fraude y robo al momento de vaciar las cuentas a los usuarios de las instituciones bancarias, logrando hasta este momento la detención mediante orden de aprehensión de más de diez imputados en otros estados de la República como lo son Guanajuato, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Baja California Sur y Nuevo León, siendo este un problema social que actualmente aqueja a gran parte del ciudadanía en el país.
Incluso se ha generado daño a instituciones gubernamentales, citando uno de los casos el de Presidencia Municipal de ciudad Camargo, donde vaciaron la cuenta del Municipio por un monto de más de 11 millones de pesos, siendo detenidas cuatro personas en los estados de Tabasco, Nuevo León y Veracruz, quedando vinculados por un juez del Distrito Judicial Camargo, el cual declinó la competencia a la Fiscalía General de la República por el delito innominado 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
De igual forma existen las salidas alternas, que es uno de los factores principales para que la incidencia criminal continúe, ya que en la mayoría de los asuntos aún y cuando se les impone la medida cautelar de prisión preventiva por un lapso no mayor a un año, dichas causas penales terminan su proceso mediante un acuerdo reparatorio y/o suspensión condicional por ser procedente conforme a derecho, motivo por el cual los imputados obtienen su libertad inmediata.
En los primeros cuatro meses del año, siete involucrados fueron vinculados a proceso, dos fueron sentenciados y se detuvo a nueve
70 AÑOS es la pena máxima para extorsionadores en la entidad 66 PERSONAS encarceladas serían las beneficiadas con el cambio