Junio es el mes de conmemoración
del Orgullo LGBTTTIQ+. Apenas antier en la capital del estado se llevó a cabo la primera Marcha LGBTTTIQ+ Indígena, que tuvo el objetivo de visibilizar la violencia contra personas de la comunidad y que incluso sufren doble discriminación. En Chihuahua, en lo que a la legislación se refiere, se registran algunos avances (el matrimonio igualitario fue aprobado en 2015), sin embargo, nos seguimos caracterizando por ser un estado que discrimina y violenta a las personas de esta comunidad.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la igualdad y no discriminación es la prerrogativa que se le reconoce a todas las personas para disfrutar de los derechos establecidos en ella, además de los múltiples tratados que están de acuerdo con la misma, en condiciones de igualdad.
La Carta Marga dice que se debe evitar todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a aquellas personas que no se consideran incursas en tal situación.
La norma es muy clara: la discriminación NO es aceptable en ninguna circunstancia. Sin embargo, como lo sabemos, las leyes son un marco de referencia, toca, a través de programas y políticas públicas, hacer lo necesario para que la realidad, el
día a día, sea acorde con dicho marco legal. Y aquí es en donde las fallas aún no se han subsanado. En 2020, Chihuahua se convirtió en el segundo estado con más crímenes de odio en ese año, según datos de la Fundación Arcoíris y la organización Letra Ese, pues se registraron al menos 9 asesinatos contra personas por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual, identidad y expresión de género. El reporte “La Otra Pandemia” detalla que un total de 79 personas de la diversidad sexual fueron asesinadas el año pasado en todo el país. Los asesinatos en contra de las personas de la comunidad son la punta del iceberg. Pero todos los días encontramos demostraciones de que la discriminación en contra de la comunidad LGBTTTIQ+ persiste, a pesar de que el marco jurídico condene estas prácticas. Y dicha discriminación va desde negar la entrada a establecimientos hasta la negación de la atención a la salud.
En septiembre del año pasado condené la violencia en contra de una pareja de hombres jóvenes que fueron golpeados saliendo de un establecimiento por el simple hecho de ser pareja; en Juárez, hace no mucho dos mujeres que eran pareja fueron asesinadas; y no podemos tener registro de todas aquellas muestras de discriminación que existen pero que no son denunciadas.
En el mes del orgullo LGBTTTIQ+ vale mucho conmemorar, sí, pero mucho más hacer un recuento de cómo van las cosas y sobre todo, qué podemos hacer para cambiar estas “prácticas” que aún conviven en nuestro estado.