Al igual que el trovador Silvio Rodríguez,
P ara los gobernantes “elegidos” en torno al proceso judicial de los expedientes de peculado y asociación delictuosa con penalidad agravada como la de César Duarte Jáquez de entrada con los expedientes X. Javier Corral “el Niño”, al final de su sexenio, imputó (hizo responsable) a la candidata a gobernador Maru Campos de ser cómplice en la Legislatura del gobernador César Duarte durante el final de su gubernatura.
La actual gobernadora fue acusada por Corral (gobernador del PAN) de haber recibido 10 millones de pesos ilegales del gobernador del PRI César Duarte, cuando ella era diputada local del PAN.
Desde la perspectiva política, el hoy exgobernador Javier Corral lo promovió públicamente, con el fin de promocionar la candidatura de Gustavo Madero a su sucesión gubernamental, no la de Maru Campos, que como es de conocimiento público se convirtió en un calvario jurídico electoral.
Javier Corral la acusó de haber incurrido en delitos de cohecho (soborno y dádiva) de la “nómina secreta” de César Duarte y también peculado –malversación de fondos al cierre de su administración municipal de Chihuahua capital, que presidía.
En lo que se refiere a la nómina secreta, la excandidata adujo durante varias semanas en las audiencias jurídicas que era víctima de la “persecución política y violencia de género” y que no había pruebas fidedignas de la Fiscalía de las denuncias del gobernador Corral.
No obstante, ello, en la última y prolongada audiencia de amonestación del poder Judicial, dos días antes de los comicios electorales, fue vinculada al proceso judicial, pero no sujeta a prisión preventiva.
Le impusieron, eso sí, no salir de México a otro país, por lo que le retiraron su pasaporte; le exigieron que aportara una garantía de depósito de 500 mil pesos y finalmente, que no se acercara ni relacionara con los testigos (alrededor de 20 funcionarios de Corral que aportaron pruebas en su contra).
Maru de inmediato difundió que el que la hayan vinculado a juicio no le impediría “votar y ser votada” ya que, conforme al principio de presunción de inocencia, establece la Fracción II del Artículo 38 de la Constitución Política de la República Mexicana que “los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden”.
La nómina secreta que le acusó el gobernador Corral, dijo Maru Campos que no había pruebas
en su “canción del elegido”, advierte que “Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí”, que finalmente “es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada”.
La nómina secreta que le acusó el gobernador Corral, dijo Maru Campos que no había pruebas fidedignas de la Fiscalía.
fidedignas de la Fiscalía.
El Instituto Estatal Electoral hizo eco de ese pronunciamientos y registró su candidatura, en violación flagrante a lo que establece el Art. 23 de la Constitución del Estado de Chihuahua, Fracción IV, el cual señala: “Se suspende el ejercicio del ciudadano chihuahuense…por estar procesado criminalmente desde el auto de vinculación a proceso o declaración de haber lugar a formación de causa contra los individuos aforados hasta que se dicte sentencia absolutoria ejecutoriada, o se extinga la condena”.
Los dos preceptos en los que estaba inmersa Maru Campos le fueron positivos. El primero –auto de vinculación a proceso—fue vigente; el segundo quedó en manos del Tribunal Estatal Electoral, que al igual que el IEE hizo caso omiso de un requisito fundamental del Art. 8 de nuestra Constitución, que establece: “Son elegibles para los cargos de gobernadora y/o gobernador, diputadas o diputados e integrantes de ayuntamientos, las ciudadanas y los ciudadanos que además de los requisitos establecidos en la Constitución Federal, acaten otras leyes aplicables” en nuestra entidad.
“Presentar ante el IEE la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses” y no contar con antecedentes penales o policiacos en asuntos de materia familiar o de violencia política contra las mujeres en razón de género”, a la que hizo referencia Maru Campo y/o sus abogados.
El IEE hizo caso omiso al conflicto de intereses, en particular en relación con el expediente de la nómina secreta de la que le acusó Javier Corral. No tuvo audiencia del delito de peculado, lo que le abrió las puertas a su campaña electoral a la gubernatura.
Veremos y diremos si la nómina secreta del peculado y la asociación delictuosa es un “ser de la nada” de los tres gobernadores referidos, a menos que el único “elegido” sea el exgobernador César Duarte y que la gobernadora divulgue las carpetas de investigación de él y Javier Corral, a los que no habrá “Ni perdón ni olvido”, como lo ha advertido a ambos exgobernadores.