El regreso del exgobernador
César Duarte a esta entidad extraditado de los Estados Unidos para ser enjuiciado es no sólo noticia sino algo más trascendental, pues sería el primer mandatario estatal en ser llevado a los tribunales.
E n dos siglos en Chihuahua es la primera vez que un gobernador es sujeto a un proceso penal, en esta ocasión en primera instancia por el delito de peculado y asociación delictuosa. Se le acusa de desviar recursos públicos para una unión ganadera regional y una financiera de la que era el principal accionista por la cantidad de poco más de 96 millones de pesos. En la anterior administración estatal fue responsabilizado de disponer ilegalmente de más de 6 mil millones de pesos y de endeudar al gobierno estatal por 48 mil millones de pesos, lo que ocasionó el quebranto de las finanzas públicas.
Decenas de propiedades de Duarte fueron decomisadas por el gobierno de Corral, buena parte de ellas ranchos ubicados en Balleza, municipio natal del exgobernador.
Aunque se realizaron 21 denuncias penales en contra del político ballezano, ahora sólo fue extraditado por una de ellas y la Fiscalía estatal declaró que se agregarían más acusaciones para que sea también juzgado por otros delitos.
Por su parte, la gobernadora afirmó que no habría “perdón ni olvido” no sólo para Duarte sino también para el exgobernador Javier Corral. Mencionó que la deuda actual del estado es de 84 mil millones de pesos, la más alta per cápita del país.
Por lo pronto César Duarte estuvo esposado durante las audiencias judiciales en esta capital y permanece recluido en el Cereso, una imagen inédita para un gobernador chihuahuense. Después de años de evadir la justicia, el exmandatario estatal fue aprehendido en Miami y permaneció encarcelado casi dos años antes de ser extraditado a México. El objetivo de Corral de procesarlo no fue alcanzado ni tampoco que se recuperaran los montos desviados durante el gobierno duartista. De 39 funcionarios encarcelados ninguno continúa en prisión, pues declararon en contra de su jefe, quien ahora tendrá que responder personalmente a las demandas penales en su contra.
Por consiguiente, es un reto para Maru Campos no sólo que se les aplique la ley a los dos exgobernadores sino también lograr la recuperación de los bienes perdidos por el estado en sus administraciones.
Políticamente la gobernadora requiere demostrar con hechos que no estuvo involucrada en los ilícitos que se le atribuyen a Duarte y además que se conozca el porqué el Estado se endeudó en tal magnitud.
Cuando César Duarte llegó al poder heredó una deuda de 10 mil millones de pesos por parte de su antecesor José Reyes Baeza. Argumentó que además no se había pagado a los proveedores, a los cuales afirmó se les debían unos 3 mil millones de pesos.
Sin embargo el ballezano multiplicó la deuda sin que se justificara con alguna obra excepcional o algún aumento considerable del bienestar de la población.
La alarmante corrupción y desorden que reinó en el gobierno de Duarte motivó que los chihuahuenses votaran por el panista Javier Corral, quien se había convertido en el principal acusador de las anomalías e ilegalidades cometidas en el sexenio duartista.
Más allá de lo escandaloso del caso se deberá reflexionar sobre la necesidad de fijar límites reales al poder Ejecutivo estatal para impedir que la historia se repita en el futuro y se vuelva a tener un quebranto tan grave como el que ahora se le responsabiliza al exgobernador Duarte.