Necesaria, protección para familias rarámuris
Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que dejaron sus tierras, afectadas por la delincuencia organizada
CHIHUAHUA. Luego de que el padre Héctor Fernando Martínez Espinosa, vicario general de la Diócesis de la Tarahumara, informara que al menos 30 familias rarámuris de la comunidad de San Juan de Guacayvo, en el municipio de Bocoyna, han sido desplazadas de sus tierras a causa de la delincuencia organizada, la diputada presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, Rocío Sarmiento Rufino, expresó que es lamentable que ocurran estos fenómenos sociales.
Indicó la representante del Distrito 13, con cabecera en Guerrero, que acudirá a la Fiscalía General del Estado para corroborar el desplazamiento forzado de las familias, hecho que de confirmarse, no es nuevo, ya que se ha venido suscitando por muchos años lamentable en diferentes partes del país, entre ellas Chihuahua.
Añadió Sarmiento Rufino que se requiere de más presencia policiaca del Estado mexicano para garantizar la seguridad en los pueblos originarios.
“Hasta el momento se desconoce la identidad de las familias que dejaron sus hogares, sin embargo es complicado que las personas tengan que dejar sus tradiciones, patrimonio, por cuestiones de inseguridad”, agregó la legisladora.
Agregó Sarmiento Rufino que se requiere de acciones estratégicas entre los 3 órdenes de gobierno, para evitar que más familias dejen sus lugares de origen.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz Loya, informó que de los recientes hechos informados sobre el desplazamiento forzado de 30 familias del municipio de Bocoyna, no tiene conocimiento formal, por lo que aún no se cuenta con datos de personas, por lo que estarán pendiente para brindar el seguimiento correspondiente.
Detalló el titular de la CEDH, que cuando se da este fenómeno, generalmente acuden a la Fiscalía General del Estado, por lo que posteriormente se solicita la participación de la institución protectora de derechos, por lo cual fueron poco más de 100 personas divididas en tres grupos las que se desplazaron durante 2021.
Expresó que cuando se trata del desplazamiento de indígenas de alguna etnia, está en juego la pérdida de la identidad cultural, pero aunque no se trate de personas originarias, es reprochable que una persona tenga que salir para salvaguardar su integridad y la de sus familiares.
Indicó que la Comisión Interviene una vez que se solicita por parte de las personas para conocer a detalle la situación, para analizar el tipo de apoyo que se ofrecerá por parte de la CEDH.
En tanto, el padre Héctor Fernando Martínez Espinosa, vicario general de la Diócesis de la Tarahumara, indicó que las instancias de gobierno deben tener más clara la información, puesto que la Coordinación Estatal de los Pueblos Indígenas (Coepi) atendió las denuncias de las familias en Creel, quienes pidieron apoyos para pagar los pasajes que los sacarían de la región y establecerse en casas de familiares y/o amigos donde estén más seguros.
El religioso informó que aunque cada región de la Sierra Tarahumara es diferente y la situación varía, se tiene de conocimiento sobre casos de desplazamiento forzado en los municipios de Guadalupe y Calvo, Baborigame, en la zona de Cinco Llagas y en este caso en particular, de San José Guacayvo, en Bocoyna.
ROCÍO SARMIENTO DIPUTADA
Lamentó el religioso que se den casos de reclutamiento forzado de los jóvenes, incluso donde las familias ofrecen a sus hijos para que aprendan a trabajar en actos delictivos. Agregó que la inseguridad ha generado una situación viciada de la propia cultura, pues aunque es cierto que no hay oportunidades de estudio y trabajo, y esto abona a que se unan a los grupos delictivos, dijo que hay una cultura de apología al crimen y de admiración, puesto que ven a niños de primaria que dibujan cosas referentes a la actividad delictiva.
Cabe mencionar que la inseguridad pública y las disputas entre grupos delincuenciales obligaron a que 283 mil 879 ciudadanos emigraran de sus lugares de origen, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).