El miedo es una de las emociones básicas
e inevitables del ser humano y ha resultado ser muy útil en términos de supervivencia, pero devastador cuando éste paraliza el análisis y el quehacer de un servidor público en temas de corrupción.
Esto percibimos en la sesión extraordinaria del Comité Coordinador el pasado 1 de julio, un espacio donde las dependencias encargadas de prevenir, detectar y sancionar faltas de funcionarios públicos y hechos de corrupción, se negaron a analizar situaciones que incurren en potenciales riesgos de corrupción por miedo a lo que piensen los diputados y la gobernadora del estado.
Entre otros temas, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto de Transparencia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa se negaron a analizar y proponer al Congreso del Estado mecanismos que limiten un potencial riesgo de corrupción en la selección de jueces y magistrados en el caso de que éstos sean seleccionados en procesos opacos y bajo criterios meramente políticos; se negaron a analizar y proponer a la Secretaría de la Función Pública mecanismos para que cumpla con la Ley General de Responsabilidades Administrativas en cuanto a los procesos de selección que garanticen condiciones de idoneidad e imparcialidad de las personas que reciben, investigan y sancionan el actuar de los servidores públicos; y se negaron a que se presentara públicamente el análisis sobre el estatus de las medidas de protección a denunciantes en el estado.
El miedo disfrazado de respeto a los poderes de gobierno fue el argumento para omitir reflexionar sobre el primer punto, aun cuando nunca se pidió que se solicite dar marcha atrás a algo legislado; el miedo a responder a los ciudadanos bajo el argumento de que no tenemos por qué en este espacio las personas que formamos parte del Sistema Estatal Anticorrupción no debemos presentar posicionamientos sobre la forma de selección de jueces, magistrados y titulares de los Órganos Internos de Control, fue la razón para no buscar soluciones
Sabemos que todos los temas relacionados con corrupción han sido, son y serán temas conflictivos, sin embargo, debemos enfrentarlos
conjuntas para los dos primeros temas; y miedo disfrazado de formalidad solicitando por escrito el diagnóstico de las medidas de protección a denunciantes para no hablar públicamente de un tema que había sido solicitado por ellos mismos en sesiones anteriores.
Los servidores públicos determinaron que los posicionamientos que presentamos los ciudadanos que formamos parte del Sistema Estatal Anticorrupción, serían tratados como correspondencia, misma que ni siquiera se leyó.
Sabemos que todos los temas relacionados con corrupción han sido, son y serán temas conflictivos, sin embargo, debemos enfrentarlos. Para ello, requerimos que nuestros servidores públicos utilicen su sensibilidad para escuchar y su memoria para recordar que como servidores públicos tienen la obligación de resolver problemas, no evadirlos. Omitir el análisis de posibles hechos de corrupción también los hace parte del problema de corrupción en el estado.
La semana pasada, las personas que formamos parte del Sistema Estatal Anticorrupción, en conjunto con a Secretaría Técnica trabajamos, revisamos y aprobamos la Política Estatal Anticorrupción misma que será enviada al Comité Coordinador. Éste tendrá la responsabilidad de revisar las propuestas de política, proponer cambios y en su caso adicionar propuestas que consideren contribuyen a prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas o hechos de corrupción en Chihuahua.