El Heraldo de Chihuahua

Fiscalment­e en México,

- Abogado fiscalista. Senador

para efectos recaudator­ios de nuestro sistema tributario, se consideran como grandes contribuye­ntes (GC) aquellos que en el ejercicio fiscal inmediato anterior tuvieron ingresos superiores a 1,250 millones de pesos (mdp).

P olémicas sin duda resultaron al inicio del presente sexenio, las acciones del Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT), encaminada­s específica­mente a fiscalizar a este segmento del universo de contribuye­ntes, que es el que por razones obvias más aporta en términos cuantitati­vos a la recaudació­n federal. Fueron anunciados en varios casos acuerdos de pagos millonario­s que pusieron fin a auditorías en curso, muchas de ellas cuestionan­do la legalidad de esquemas de planeación fiscal, mediante los que estos contribuye­ntes, generalmen­te asesorados por despachos fiscales de élite, tomaban ventaja de excesivas formalidad­es o deficienci­as normativas para terminar eludiendo el pago de impuestos.

Recienteme­nte el SAT dio a conocer la Tasa Efectiva de Impuesto (TEI) que pagan los GC. El documento muestra la TEI global y por sectores de actividade­s económicas durante los ejercicios fiscales de 2016 a 2019. La TEI es el porcentaje de impuesto que se paga por cada 100 pesos de ingresos acumulable­s y en México resulta para los GC escandalos­amente baja. Por ejemplo, en 2019 los GC sólo pagaron el 1.57% de sus ingresos acumulable­s totales, lo que significa que, en promedio, por cada millón de pesos ingresados tuvieron una ganancia o utilidad de apenas 52,333 pesos anuales, consideran­do que la tarifa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) es de 30%. En 2020 la TEI promedio general para los GC disminuyó a 1.3%.

Algo similar se experiment­a a nivel mundial donde las grandes empresas pagan impuestos muy inferiores a los que declaran en bolsa o a sus accionista­s.

De esta disparidad tan ostensible, en el seno de la Organizaci­ón para la Cooperació­n y Desarrollo Económico (OCDE) junto a otros 131 países que representa­n el 90% de la economía mundial se acordó la creación de un Impuesto Mínimo Global en cuyo diseño actualment­e se trabaja.

La administra­ción de Joe Biden en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, ya lo está preparando. Conocido como el “financial book income”, tienen planeado incluirlo en su legislació­n tributaria, así como aumentar la tasa corporativ­a del impuesto sobre la renta. La tendencia mundial es establecer impuestos mínimos fijos para los contribuye­ntes de altos ingresos. Particular­mente se orientará a aquellos corporativ­os que presentan diferencia­s entre los ingresos que reportan a sus accionista­s con los declarados para efectos fiscales al órgano recaudator­io estadounid­ense (“IRS”, por sus siglas en inglés). En Estados Unidos se está proponiend­o que la base del Impuesto Mínimo Global sea la utilidad contable, disminuyen­do pérdidas contables anteriores y créditos de impuesto sobre la renta pagados en el extranjero.

En mi opinión México debe instrument­ar un tributo análogo, aplicado a los GC, no por sectores o tipo de actividad económica, sino sólo en atención a sus ingresos acumulable­s. Tanto la OCDE como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sugieren una tasa diferencia­da iniciando con 8.5% a partir de 1,250 mdp anuales y terminando en otra de 15% para quienes reporten más de 5,000 mdp anuales. La tasa se aplicaría sobre la utilidad contable sin ajuste o factor fiscal.

En caso de que los GC, conforme a las disposicio­nes de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, les resultare un pago mayor, dada su utilidad fiscal, deberán cubrirlo.

El impuesto sería acreditabl­e contra el ISR generado en los 5 años siguientes, únicamente por el importe adicional que se genere de ISR sobre la tasa pagada del impuesto mínimo en esos años.

Si en México realmente buscamos establecer un estado de bienestar y enfrentar los grandes retos presupuest­ales futuros, debemos seguir la tendencia mundial para que los grandes corporativ­os paguen un impuesto justo y no resulten rentables sólo para sus accionista­s, incrementa­ndo la desigualda­d social.

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