Los gobiernos
fascistas, sus ideólogos, colaboradores y seguidores, han tenido a lo largo de la historia un común denominador que los ha impulsado a realizar prácticas funestas: el odio.
Esos gobiernos se han caracterizado por la intolerancia al disenso, a la diferencia, al derecho a la libertad de pensamiento, han perseguido líderes políticos como Nelson Mandela en Sudáfrica, Mahatma Gandhi en la India, y otros tantos que han luchado por los derechos de los demás. Estas persecuciones los afianzaron de manera inmortal como referentes históricos, como víctimas de la barbarie que significa un gobierno represor.
La aplicación de la justicia en México se da hasta que se cuenta con una sentencia condenatoria inapelable, es decir, que ya no existe ninguna instancia judicial que la modifique, mientras tanto, toda persona se encuentra protegida por el principio de presunción de inocencia.
El Ministerio Público como institución, debe acreditar la responsabilidad penal de a quien se le imputa un delito y demostrarlo fehacientemente ante un juez, este último tendría que tener los insumos necesarios para aplicar la pretensión punitiva estatal, o sea lo que el agente del ministerio público le propone como pena o sanción al procesado.
La persecución política no tiene absolutamente nada que ver con la justicia penal.
El caso de Alejandro Moreno, mediáticamente hablando, evidencia la probable comisión de varios delitos donde la Fiscalía General del Estado de Campeche, más allá de audios, debe tener los elementos testimoniales y documentales, así como el trabajo de investigación suficiente para establecerle una acusación seria por los delitos que sugieren, más allá de un tema político, la historia reciente de nuestro país coincide, nos rememora lo ocurrido con por lo menos la mitad de los gobernadores del sexenio de Enrique Peña Nieto, mismos que o están sujetos a proceso o se encuentran encarcelados.
La definición del PRI es la corrupción, pero también la del PAN, donde varios de sus principales exponentes se encuentran en las mismas condiciones legales o, peor aún, como se autodenominan, son “perseguidos políticos”, confundiendo el término con el de prófugos de la justicia como es el caso de Ricardo Anaya.
El hecho de acudir a instituciones y organismos internacionales es parte de una política malinchista, mal aprendida, como si México fuera una colonia o un país represor. Se desea que subsista el Estado de Derecho, que se aplique la Ley y los derechos, entre ellos el de la defensa, pero que no triunfe la impunidad.
La persecución política no tiene nada que ver con la justicia penal. El caso de Alejandro Moreno evidencia la probable comisión de varios delitos.