El contexto
económico actual nos tiene al pendiente de la inflación, de las bolsas de valores y de las discusiones políticas del momento. Eso pasa a segundo plano cuando la preocupación es proteger la vida, el patrimonio y la seguridad. El acceso a la justicia en México es un pendiente y el pacto de impunidad continúa vigente.
Apesar de que hace más de una década (2008 y 2011) se llevaron a cabo reformas constitucionales para cambiar de raíz la procuración de justicia; la confianza en la policía, el ministerio público y el sistema penal continúan sin funcionar. En México uno de cada 10 delitos es denunciado y solo cinco de cada 100 de los denunciados es resuelto.
La Fiscalía General de la República, al igual que las fiscalías estatales, fueron dotadas de autonomía para que por primera vez, el ejercicio de la acción penal no dependiera de las voluntades de los ejecutivos. En otras palabras, para que castigar, resarcir o dejar impune un delito no se prestará a caprichos, venganzas o favores. La representación de los intereses de la sociedad y la protección y garantía de los derechos humanos depende de los ministerios públicos, ahora de forma autónoma.
En el reporte del IMCO Justicia Penal, Justicia Transparente se identifican deudas en materia de justicia penal relacionadas con: 1) las competencias y capacidades del personal y las herramientas para desempeñar sus funciones, 2) los derechos de las víctimas e imputados en el proceso, 3) supervisión a las fiscalías y funcionamiento de su autonomía y, 4) la forma en la que se termina la etapa de investigación.
Cuando sucede un delito nos enfrentamos a una deficiente atención de las autoridades, no se inspecciona ni toman las medidas necesarias en el lugar de los hechos. No se recaban testimonios ni objetos para la investigación. No hay atención médica o psicológica para la víctima, tampoco se agotan las líneas de investigación o se solicitan medidas cautelares al imputado o de protección a la víctima.
Al mismo tiempo que se “atienden las causas” como ha dicho el Ejecutivo federal, se debe incentivar el uso de mecanismos alternativos de solución, fortalecer el servicio civil de carrera para los agentes del ministerio público, evaluar permanentemente
las labores del personal de las fiscalías y facilitar los trámites a través de herramientas digitales.
En lugar de evitarlos, despreciarlos o temerles, los ministerios públicos deben ser los abogados del pueblo. Cuidar las instituciones y a sus funcionarios es también dotarlos de recursos materiales y de capacitación. Eso también es atender las causas de origen. Fortalecer a las procuradurías es fortalecer el estado de derecho. Para mejorar la seguridad se debe reducir la impunidad.
La Fiscalía
General de la República, al igual que las fiscalías estatales, fueron dotadas de autonomía para que por primera vez, el ejercicio de la acción penal no dependiera de las voluntades de los ejecutivos. En otras palabras, para que castigar, resarcir o dejar impune un delito no se prestará a caprichos, venganzas o favores. La representación de los intereses de la sociedad y la protección y garantía de los derechos humanos depende de los ministerios públicos, ahora de forma autónoma. En el reporte del IMCO Justicia Penal, Justicia Transparente se identifican deudas en materia de justicia penal relacionadas con: 1) las competencias y capacidades del personal y las herramientas para desempeñar sus funciones y 2) los derechos de las víctimas.